La actividad pesquera que desarrollan compañías extranjeras en aguas próximas a las Islas Malvinas quedó bajo una nueva intervención de la Justicia argentina. Desde Río Grande, la jueza federal Mariel Borruto dictó una medida cautelar que alcanza a empresas españolas y estructuras empresariales vinculadas con las islas, a las que les ordenó abstenerse de realizar operaciones de pesca sin los permisos correspondientes de las autoridades nacionales.
La resolución, firmada el pasado 6 de noviembre, representa un nuevo capítulo judicial en torno a la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y comprende tanto el mar territorial como la Zona Económica Exclusiva argentina, incluidas las aguas que rodean a Malvinas hasta las 200 millas.
La decisión judicial se produjo a partir de una demanda impulsada por la Fundación Agustina Lerena, que cuestiona las actividades de distintas compañías pesqueras extranjeras y reclama una reparación por los presuntos perjuicios ambientales y económicos derivados de la extracción de recursos marinos.
Uno de los aspectos centrales de la disposición es que las empresas alcanzadas no solamente deberán abstenerse de efectuar capturas sin autorización argentina, sino también presentar información detallada sobre sus operaciones comerciales, embarcaciones, permisos y relaciones societarias.
La medida comprende a doce empresas y grupos españoles y siete estructuras hispano-isleñas. La prohibición se extiende al procesamiento de las capturas a bordo, los transbordos, las descargas y la incorporación de nuevos buques a las actividades pesqueras, independientemente de que las operaciones se realicen mediante embarcaciones propias, alquiladas o administradas por terceros.
Además, la resolución contempla futuras campañas y temporadas de pesca, por lo que sus alcances no se limitan a las operaciones que se encontraban en desarrollo al momento de dictarse la cautelar.
Las compañías extranjeras dispondrán de diez días judiciales, contados desde sus respectivas notificaciones, para entregar declaraciones juradas acompañadas de documentación respaldatoria. Entre los datos exigidos deberán informar la identificación de sus embarcaciones, matrículas, banderas, licencias utilizadas, especies capturadas y volúmenes extraídos durante cada temporada.
También deberán proporcionar registros de seguimiento satelital, información sobre observadores a bordo, puertos utilizados, movimientos de mercadería y destinos comerciales de los productos pesqueros.
El requerimiento judicial incluye contratos, participaciones accionarias, vínculos entre sociedades, operaciones proyectadas, estudios científicos y documentación relacionada con coberturas ambientales.
Otro punto relevante es la obligación de preservar todos los registros vinculados con las actividades investigadas. Las compañías no podrán destruir, modificar ni ocultar documentación técnica, comercial o societaria que pueda resultar necesaria para el desarrollo del expediente.
La decisión también establece que la ausencia de respuestas o las negativas que no cuenten con respaldo documental podrán ser consideradas por el tribunal al momento de evaluar la conducta de las demandadas.
En cuanto a las empresas argentinas mencionadas en la presentación, la magistrada no hizo lugar, por el momento, a las medidas cautelares solicitadas. Sin embargo, requirió información sobre sus permisos de pesca, cuotas de captura, declaraciones juradas y antecedentes administrativos, por lo que su situación continuará siendo analizada durante el proceso judicial.
Por otra parte, las medidas solicitadas respecto de entidades bancarias, aseguradoras, astilleros y proveedores de servicios quedaron pendientes de resolución.
La intervención judicial también incorpora una dimensión ambiental vinculada con la conservación de especies que se desplazan por diferentes sectores del Atlántico Sur.
De acuerdo con lo expuesto por la entidad demandante, la magistrada tuvo en consideración información científica del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), particularmente sobre especies migratorias y recursos compartidos, como el calamar illex, el calamar loligo, la merluza común y la merluza de cola.
El planteo sostiene que las capturas realizadas sin autorización argentina podrían afectar las políticas de conservación y administración de los recursos pesqueros, especialmente cuando se trata de poblaciones que atraviesan distintas áreas marítimas.
La demanda también se apoya en disposiciones de la Ley Federal de Pesca, que establece restricciones para las empresas que mantengan determinadas vinculaciones comerciales o societarias con operadores que desarrollen actividades pesqueras sin habilitación argentina.
En particular, el artículo 27 bis de la Ley 24.922 contempla requisitos relacionados con las declaraciones juradas necesarias para acceder a permisos y cuotas de captura, mientras que el artículo 28 establece consecuencias sobre esas autorizaciones cuando se comprueban determinadas infracciones.
La acción judicial, presentada el 9 de octubre por la Fundación Agustina Lerena, presidida por César Augusto Lerena y con patrocinio del abogado Eduardo Salvador Barcesat, también contiene un reclamo económico de considerable magnitud.
Según la presentación, entre 1989 y 2025 las empresas demandadas habrían extraído aproximadamente 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros. Sobre esa base, la organización elaboró estimaciones económicas que deberán ser examinadas y acreditadas durante el proceso.
La fundación reclama una reparación por los presuntos daños ocasionados, con una estimación que alcanza los 26.465 millones de dólares a valores mayoristas. Esta cifra constituye una pretensión de la parte demandante y no una indemnización establecida por la Justicia.
Entre las compañías españolas mencionadas se encuentran Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar, Copemar, Lafonia Sea Foods, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO.
La presentación también identifica estructuras empresariales relacionadas con Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross, además de diferentes sociedades vinculadas con operaciones pesqueras en el Atlántico Sur.
La resolución tiene carácter preventivo y no constituye una sentencia definitiva sobre las responsabilidades de las empresas involucradas. Su aplicación frente a las sociedades extranjeras dependerá de las correspondientes notificaciones y de los mecanismos legales disponibles.
De esta manera, el Juzgado Federal de Río Grande vuelve a ocupar un lugar central en una controversia que combina la explotación de recursos naturales, la protección ambiental y el ejercicio de los derechos argentinos sobre los espacios marítimos del Atlántico Sur.
La medida permanecerá vigente hasta que las compañías obtengan las autorizaciones correspondientes de las autoridades argentinas o hasta que el tribunal adopte una nueva decisión.