La flota gallega reanuda la pesca de calamar en aguas en disputa del Atlántico Sur
Con el inicio de una nueva temporada, embarcaciones españolas volvieron a operar en aguas cercanas a las Islas Malvinas bajo licencias emitidas por el gobierno británico local, a pesar del reclamo soberano argentino sobre el archipiélago. Se trata de una campaña pesquera clave para los exportadores europeos y la economía isleña, marcada por la incertidumbre sobre el estado del calamar, recurso central para la región.
La flota gallega —conformada por 16 buques y cerca de 1.000 tripulantes— decidió reiniciar operaciones tras una temporada previa que fue interrumpida de manera anticipada y con resultados negativos. El escenario actual combina presiones comerciales internacionales, falta de regulación multilateral y tensiones diplomáticas.
Recurso crítico y sin control regional
El calamar representa el 90% de las exportaciones de las Islas Malvinas, con destino principal en la Unión Europea. La actividad pesquera en esta zona carece de supervisión de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP), lo que beneficia a operadores europeos y permite la explotación del recurso sin una estructura internacional de conservación o monitoreo.
La gran incógnita científica sigue siendo el estado de la biomasa. Estudios preliminares apuntan a una posible disrupción en las migraciones del calamar, atribuida al aumento de la temperatura del océano y a actividades como los bombardeos sísmicos en aguas argentinas. La campaña actual buscará obtener nuevos datos, con embarcaciones que ya iniciaron las primeras prospecciones.
Denuncias por pesca fuera del control argentino
Organizaciones pesqueras argentinas advierten que esta operatoria permite la extracción de recursos sin control ambiental ni tributario por parte del Estado argentino. La falta de mecanismos multilaterales efectivos facilita la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en aguas bajo administración británica, no reconocida por Argentina.
En este contexto, la explotación del calamar en el Atlántico Sur se consolida como un eje de conflicto entre intereses económicos, vacío regulatorio y disputa geopolítica, con actores clave como el Reino Unido, España, la UE, China y Argentina.