La fiscal de Género, Mónica Macri, destacó el valor de las pruebas reunidas durante la investigación que culminó este viernes con la condena a 22 años de prisión para César Esteban Barría, hallado responsable de cuatro hechos cometidos contra una mujer de 71 años en Río Grande.
Macri señaló que la Fiscalía llegó al juicio con cuatro hechos acreditados: tres abusos sexuales y un robo, y remarcó que la acusación estuvo respaldada por distintos elementos incorporados durante el proceso.
Entre las evidencias consideradas de mayor relevancia, la fiscal mencionó mensajes de texto, testimonios de efectivos policiales y un estudio de ADN cuyo resultado arrojó una coincidencia del 99,9%, prueba que, según explicó, resultó contundente para sostener la acusación.
Una detención en flagrancia que permitió iniciar la investigación
La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la investigación tomó impulso a partir del último episodio, cuando el acusado fue encontrado por personal policial debajo de la cama de la víctima, situación que derivó en su aprehensión en flagrancia.
A partir de ese procedimiento se profundizó el análisis de teléfonos y otros elementos probatorios que posteriormente fueron incorporados a la causa. Durante el debate oral también prestaron declaración efectivos policiales que, según Macri, señalaron al acusado como responsable de los hechos investigados.
La fiscal confirmó además que existieron otras denuncias vinculadas con el caso, entre ellas la realizada por la cuidadora de la mujer. Sin embargo, aclaró que no tiene conocimiento de otros hechos de similares características atribuidos al condenado.
Una condena sin acceso a determinados beneficios
Macri también se refirió a la situación procesal de Barría tras la condena. Explicó que el acusado fue declarado reincidente, circunstancia que, sumada a las disposiciones aplicables de la Ley 24.660, impide el acceso a determinados beneficios durante el cumplimiento de la pena.
La fiscal sostuvo que ahora resta aguardar la fundamentación completa de la sentencia, luego de que el Tribunal de Juicio impusiera la pena de 22 años solicitada oportunamente por la Fiscalía.
El fallo puso fin al debate oral por una causa que tuvo como víctima a una mujer adulta mayor y en la que, según la acusación, la evidencia científica, documental y testimonial permitió sostener la responsabilidad penal del condenado.