La Fiscalía de Estado cuestionó la gestión de la infraestructura escolar y pidió investigar responsabilidades
Un dictamen concluyó que la crisis edilicia en las escuelas fueguinas responde a fallas de planificación y mantenimiento, y no a la falta de recursos. Solicitó intervenir al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía de Estado emitió un contundente dictamen sobre la situación de la infraestructura escolar en Tierra del Fuego, en el que concluyó que las reiteradas suspensiones de clases, evacuaciones y problemas edilicios responden a un modelo de gestión «reactivo», con graves deficiencias en materia de planificación, prevención y control.
La investigación se inició a partir de denuncias por la interrupción de clases en la Escuela Provincial N.º 24 «Juan Ruiz Galán», aunque posteriormente se amplió a más de veinte establecimientos educativos de Ushuaia, tras presentaciones de familias y del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA).
Tras analizar la documentación remitida por el Ministerio de Educación, el organismo sostuvo que las fallas detectadas no pueden atribuirse principalmente a restricciones presupuestarias, sino a una gestión que actúa sobre las consecuencias de los problemas y no sobre sus causas.
Entre los casos analizados figuran la Escuela N.º 24, donde las clases estuvieron suspendidas durante más de 40 días por problemas en las instalaciones de gas, y la Escuela N.º 34 «Yak Haruin», donde alumnos sufrieron descompensaciones y el edificio debió ser evacuado por deficiencias edilicias. El dictamen también menciona inconvenientes registrados en las escuelas provinciales N.º 1, 22, 30 y 31; los jardines N.º 2, 4, 18 y 19; los colegios Sobral, Los Andes y Marte, y la Escuela Especial N.º 1.
La Fiscalía advirtió que la reiteración de estos episodios evidencia la inexistencia de un sistema permanente de mantenimiento preventivo y recordó que desde 2013 viene recomendando la implementación de protocolos de inspección, seguimiento y comunicación que, según afirmó, nunca fueron plenamente aplicados.
En sus conclusiones, el organismo exhortó al Ministerio de Educación a elaborar un Plan Provincial de Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura Escolar con inspecciones periódicas, seguimiento documentado y participación de las comunidades educativas. Además, solicitó al gobernador revisar la actuación de las áreas y funcionarios involucrados para determinar eventuales incumplimientos.
También dispuso remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para evaluar un posible perjuicio fiscal y al Ministerio Público Fiscal para analizar si existieron conductas que puedan derivar en responsabilidades penales.
Cuestionamientos por demoras en una obra en Tolhuin
En un segundo dictamen, la Fiscalía cuestionó la demora en el pago de certificados correspondientes a la obra de remodelación de la sala de máquinas e instalación de gas del Jardín N.º 13 «Zioshi», de Tolhuin.
El organismo señaló que la obra ya fue ejecutada e incorporada al patrimonio público, por lo que consideró improcedente que la Administración invoque falta de crédito presupuestario para demorar los pagos. Advirtió que estas prácticas afectan la seguridad jurídica de las contrataciones, encarecen las obras públicas y favorecen la judicialización de los conflictos.
Por ese motivo, instó al Ministerio de Educación a regularizar la situación y advirtió que la persistencia de las demoras podría derivar en responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso patrimoniales para los funcionarios intervinientes.
