La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, advirtió sobre el deterioro de la situación económica y social de numerosas familias de Río Grande. Actualmente, más de 3.000 hogares reciben asistencia alimentaria y 45 comedores comunitarios cuentan con acompañamiento municipal. También confirmó que hay vecinos que abandonan la ciudad por la falta de trabajo y familias que deben compartir viviendas donde llegan a convivir hasta diez personas.
La situación social de Río Grande atraviesa un escenario cada vez más complejo, marcado por la pérdida de empleos, el endeudamiento familiar y las dificultades para afrontar gastos esenciales como los alimentos, los alquileres y los servicios. Esta realidad se refleja en el incremento de las solicitudes de asistencia que recibe el Municipio, donde la demanda creció entre un 30% y un 40%.
Así lo explicó la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, quien señaló que las problemáticas que llegan diariamente a las distintas áreas municipales son cada vez más difíciles de resolver, debido a que las necesidades alimentarias suelen estar acompañadas por otras situaciones de vulnerabilidad económica y social.
“En la ciudad de Río Grande estamos atravesando un contexto muy complejo, donde la realidad social ha cambiado drásticamente respecto a años anteriores”, expresó la funcionaria durante una entrevista.
Actualmente, el Municipio brinda asistencia a más de 3.000 familias mediante el Programa Alimentario Municipal y acompaña el funcionamiento de 45 comedores comunitarios que diariamente reciben a vecinos con dificultades para garantizar su alimentación.
Ybars reconoció que los recursos disponibles son cada vez más limitados, mientras las necesidades de la población continúan aumentando.
“Tenemos un incremento de entre un 30 y un 40% de la demanda”
La funcionaria explicó que el crecimiento de la asistencia social no responde únicamente a la falta de alimentos, sino a un conjunto de problemas que afectan simultáneamente a las familias.
“Nosotros tenemos un incremento entre un 30 y un 40% de la demanda”, confirmó, al describir el funcionamiento de los distintos dispositivos de acompañamiento.
Según detalló, muchas personas que solicitan módulos alimentarios también presentan dificultades para pagar sus alquileres, afrontar las facturas de los servicios o acceder a prestaciones de salud.
“Un problema alimentario no viene solo, siempre viene acompañado de alguna cuestión de que la familia está completamente endeudada”, manifestó.
En ese sentido, señaló que los ingresos de los trabajadores se encuentran fuertemente presionados por el aumento de los gastos cotidianos y que el endeudamiento se convirtió en una problemática recurrente.
Familias que ya no pueden pagar el alquiler y viviendas con hasta diez personas
Uno de los aspectos más preocupantes que describió Ybars es el crecimiento de situaciones de hacinamiento, producto de las dificultades económicas que impiden a numerosas familias continuar pagando una vivienda alquilada.
La funcionaria explicó que hay personas que deben abandonar sus alquileres y regresar a vivir con sus padres, abuelos u otros familiares, generando una mayor concentración de habitantes en espacios que no están preparados para recibirlos.
“Estamos viendo que muchas familias tienen que dejar los alquileres y volver a sus hogares de origen con sus madres, sus padres, sus abuelos”, aseguró.
En algunos casos, esta situación provoca que seis, ocho, nueve y hasta diez personas deban compartir una misma vivienda.
“Hay situaciones de hacinamiento crítico en muchas familias. Vemos viviendas que no están preparadas para que vivan seis, ocho, nueve y hasta diez personas”, advirtió.
Ybars señaló que estas condiciones no solamente afectan la calidad de vida, sino que también pueden generar conflictos de convivencia y aumentar la exposición a distintas situaciones de vulnerabilidad.
“Cuando no podés tener ni siquiera un lugarcito dentro de tu hogar para poder vivir dignamente, eso tiene un impacto muy grande en la propia persona”, sostuvo.
Vecinos que pierden sus empleos y deciden abandonar Río Grande
La secretaria también confirmó que el Municipio observa un proceso de emigración de familias que, después de haber vivido y trabajado durante años en Tierra del Fuego, deciden trasladarse a otras provincias.
Sin embargo, aclaró que no se trata principalmente de personas que solicitan asistencia para conseguir pasajes, sino de trabajadores que todavía cuentan con algunos recursos económicos para afrontar una mudanza.
“Estamos viendo que hay un emigrar, irse de nuestra ciudad, pero que en líneas generales no son quienes tienen que pedir pasajes”, explicó.
Según detalló, entre quienes toman esta decisión se encuentran personas que perdieron sus empleos en fábricas, empresas petroleras o actividades vinculadas con la construcción.
“Se van muchas personas que trabajaron durante mucho tiempo y que cuando los echan de una fábrica o de una empresa petrolera, o ya la construcción que no da trabajo, deciden emigrar con el poco capital que les quede”, señaló.
Ybars consideró que esta situación resulta especialmente preocupante para una provincia cuyo desarrollo estuvo históricamente vinculado con la radicación de familias y la generación de empleo.
También explicó que los hogares más vulnerables suelen permanecer en Río Grande porque carecen de recursos para trasladarse y porque encuentran en la ciudad redes de asistencia que podrían no tener en sus lugares de origen.
Más de 6.000 atenciones por situaciones de violencia de género
La funcionaria indicó que la complejidad de la situación social también se refleja en las consultas que recibe el Centro Integral de la Mujer, inaugurado en 2022.
Según precisó, desde su puesta en funcionamiento se realizaron más de 6.000 atenciones a mujeres que atraviesan distintas situaciones de violencia.
Ybars explicó que durante el último año se registró un incremento importante en la cantidad de intervenciones, que vinculó con el impacto que produjo el femicidio de Johanna en la comunidad.
El dispositivo cuenta con profesionales de trabajo social, psicología y abogacía, además de una guardia telefónica que funciona durante las 24 horas.
La secretaria destacó que las situaciones de violencia requieren acompañamiento sostenido y que, en muchos casos, las familias y amistades de las víctimas no cuentan con las herramientas necesarias para intervenir.
La asistencia alimentaria y los recursos municipales para 2027
En relación con el presupuesto municipal, durante la entrevista se mencionó una previsión de aproximadamente 6.670 millones de pesos para asistencia alimentaria durante 2027.
Ybars señaló que la Secretaría ya ejecutó alrededor del 70% de su presupuesto correspondiente a 2026, cuando todavía restan tres meses para finalizar el año.
También expresó su preocupación por los recursos de coparticipación pendientes de recibir y sostuvo que esa situación condiciona la planificación de las políticas sociales.
“Diez mil millones es el doble del presupuesto para nuestra Secretaría que teníamos para este año. Imaginate el impacto que tiene no recibir esa coparticipación”, manifestó.
La funcionaria explicó que el Municipio debe administrar recursos limitados para sostener distintos servicios y programas, mientras crecen las necesidades de la población.
Finalmente, insistió en que las dificultades económicas están transformando la realidad de numerosos hogares riograndenses y que las políticas de asistencia deben adaptarse a problemáticas que van mucho más allá de la alimentación.
Para Ybars, el principal desafío consiste en responder a las urgencias actuales sin dejar de trabajar en alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida y generar nuevas oportunidades para las familias de la ciudad.