La Corte Suprema frenó los aumentos sin control de las prepagas y el Gobierno deberá autorizar las subas

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Las empresas de medicina prepaga deberán volver a someter sus aumentos al control de la Superintendencia de Servicios de Salud, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023. La resolución también podría tener consecuencias sobre cientos de reclamos judiciales de afiliados que cuestionaron los incrementos aplicados desde fines de 2023.

Las cuotas de la medicina prepaga volverán a estar sujetas a la supervisión del Estado nacional tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que modifica el esquema de aumentos implementado a partir del decreto de desregulación económica. El máximo tribunal invalidó las disposiciones que habían permitido a las empresas establecer sus tarifas sin la autorización previa de la autoridad sanitaria.

La resolución representa un cambio importante para los usuarios del sistema privado de salud, ya que restablece las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para evaluar los incrementos y determinar si se encuentran debidamente justificados. De esta manera, las compañías deberán respaldar las modificaciones de sus cuotas mediante criterios económicos y técnicos sujetos a fiscalización.

El pronunciamiento también abre un nuevo escenario para quienes iniciaron acciones judiciales por los aumentos registrados durante los primeros meses de 2024. Si bien la sentencia no establece una devolución automática de los importes abonados, podría convertirse en un antecedente relevante para resolver otros reclamos.

Una afiliada denunció un aumento del 110% en apenas dos meses

El caso que llegó a la Corte Suprema comenzó con la presentación judicial de una afiliada que cuestionó el fuerte incremento aplicado por su empresa de medicina prepaga. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, el valor de su cobertura había aumentado un 110%, una variación considerablemente superior a los parámetros que se encontraban vigentes antes de la desregulación.

Como referencia, bajo el mecanismo anterior de actualización tarifaria, el incremento previsto para enero de 2024 había sido del 6,26%. La diferencia entre ambos porcentajes fue uno de los elementos que dieron origen al conflicto judicial y al posterior análisis de las facultades del Poder Ejecutivo para modificar el sistema mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La Cámara Federal de La Plata había dictado una sentencia favorable a la afiliada, aunque tanto la empresa demandada como el Estado nacional recurrieron la decisión. Finalmente, la Corte Suprema confirmó parcialmente el pronunciamiento y declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023.

Los aumentos deberán tener una justificación económica

Con la decisión judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera las atribuciones que habían sido eliminadas por el decreto. El organismo deberá revisar las variaciones tarifarias y controlar que los incrementos solicitados por las empresas respondan a modificaciones reales en sus estructuras de costos.

La normativa también contempla la evaluación de cálculos actuariales razonables vinculados con los riesgos de las prestaciones médicas. Esto significa que las compañías deberán fundamentar sus pedidos de actualización y someterlos a la intervención de la autoridad competente.

Sin embargo, la Corte Suprema introdujo una diferencia importante respecto de la sentencia de segunda instancia: rechazó que los aumentos deban quedar automáticamente limitados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por lo tanto, el fallo no establece que las cuotas solamente puedan aumentar al ritmo de la inflación. Lo que determina es que las empresas no podrán fijar libremente sus incrementos sin el control previsto en la legislación que vuelve a resultar aplicable.

Cientos de reclamos podrían verse alcanzados

Una de las principales consecuencias del pronunciamiento está relacionada con los procesos judiciales iniciados por afiliados que cuestionaron los aumentos de sus coberturas médicas.

La Corte Suprema tiene pendientes cerca de 500 expedientes con características similares, por lo que el criterio adoptado podría influir directamente en su resolución. También podría ser considerado por otros tribunales del país que analizan demandas relacionadas con la aplicación del DNU 70/2023.

Otro aspecto que podría adquirir relevancia es la situación de quienes abonaron los incrementos cuestionados y buscan recuperar parte de los importes pagados. No obstante, cualquier eventual restitución deberá ser analizada según las circunstancias particulares de cada expediente y las decisiones judiciales correspondientes.

La Corte cuestionó la utilización del decreto de necesidad y urgencia

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también examinó las condiciones constitucionales que deben cumplirse para que el Poder Ejecutivo pueda dictar normas con contenido legislativo.

Los magistrados consideraron que el Gobierno nacional no había demostrado la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran eliminar mediante un DNU los mecanismos de control sobre las cuotas de las prepagas.

En particular, señalaron que las referencias a una crisis del sistema sanitario y a la necesidad de mejorar la competitividad no resultaban suficientes para acreditar una urgencia que impidiera recurrir al procedimiento legislativo ordinario.

El tribunal sostuvo que la Constitución establece condiciones estrictas para utilizar decretos de necesidad y urgencia y que la conveniencia de implementar rápidamente una determinada política pública no reemplaza esos requisitos.

Se trata de la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema sobre disposiciones del DNU 70/2023. De todos modos, los jueces aclararon que su decisión se limita exclusivamente a los artículos vinculados con la regulación de las cuotas de medicina prepaga y no constituye un pronunciamiento sobre el resto del decreto.

Con este nuevo escenario, las empresas deberán adecuarse al esquema de supervisión estatal, mientras que los afiliados que mantienen reclamos judiciales podrían encontrar en la sentencia un antecedente para cuestionar los incrementos aplicados a sus coberturas.