La Cámara rechazó la recusación contra la jueza Cataldo por la causa de las presuntas torturas en la Unidad de Detención
La magistrada continuará al frente de la investigación por los hechos ocurridos en mayo en la Unidad de Detención de Río Grande. La Cámara de Apelaciones aún debe resolver otros planteos presentados por las defensas, entre ellos un pedido de nulidad de actuaciones y la recusación del fiscal de la causa.
La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de recusación presentado contra la jueza Cecilia Cataldo, quien seguirá a cargo de la investigación por los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la Unidad de Detención de Río Grande, donde tres internos sufrieron graves lesiones tras presuntas golpizas y vejaciones.
El planteo había sido formulado por los abogados Maximiliano Palladino y Francisco Ibarra en el marco de la causa que investiga las agresiones sufridas por Jonathan Gastón Burgoa, Maxi Burgoa y Pedro Jesús Flores.
Pese a la resolución, el expediente aún tiene cuestiones procesales pendientes. Según explicó Palladino, la Cámara de Apelaciones todavía debe expedirse sobre el pedido de nulidad de las entrevistas realizadas a los internos y sobre la recusación presentada contra el fiscal Mayor Bramatí.
El letrado sostuvo que las primeras entrevistas a Jonathan Gastón Burgoa y Pedro Jesús Flores fueron tomadas directamente por la jueza sin la participación de las defensas, circunstancia que motivó el planteo de nulidad. Además, cuestionó que algunas manifestaciones fueran incorporadas a la causa mediante entrevistas previas y no a través de declaraciones realizadas con control de las partes, lo que, a criterio de la defensa, vulneró el derecho de defensa de los imputados.
Palladino representa, junto al abogado Francisco Ibarra, a Enoc Perpetto y Máximo Perpetto, mientras que el pedido de apartamiento del fiscal también fue acompañado por el defensor oficial Marcelo Scola, quien asiste a integrantes del Servicio Penitenciario.
La investigación tiene como imputados a ocho agentes del Servicio Penitenciario, quienes fueron apartados preventivamente de sus funciones, y a diez internos del Pabellón B, acusados de haber participado en los hechos de violencia y las presuntas vejaciones contra los tres detenidos.
En el marco de la causa, la jueza Cataldo solicitó al Gobierno provincial la adopción de medidas para garantizar la integridad física y psicológica de Jonathan Gastón Burgoa, Maxi Burgoa y Pedro Jesús Flores, quienes permanecen alojados en dependencias penitenciarias de Ushuaia.
De acuerdo con la investigación, las presuntas víctimas no radicaron inicialmente la denuncia por temor a sufrir represalias, por lo que el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado iniciaron actuaciones de oficio. Asimismo, los peritos forenses del Poder Judicial recomendaron postergar la toma de declaraciones testimoniales al considerar que los tres internos aún no se encontraban en condiciones psicológicas de relatar lo ocurrido.