La Cámara rechazó apartar al juez que investiga a dirigentes de la AFA por presunta evasión
La Cámara en lo Penal Económico rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa de Pablo Toviggino contra el juez Diego Amarante, quien continuará al frente de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de aportes e impuestos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.
La presentación había sido realizada tras el procesamiento de Toviggino, bajo el argumento de una supuesta “enemistad manifiesta” del magistrado. Sin embargo, la Cámara concluyó que ninguno de los hechos expuestos por la defensa demostraba pérdida de imparcialidad ni animosidad personal por parte del juez.
En la resolución, el camarista Roberto Hornos sostuvo que no existen elementos objetivos que permitan acreditar enemistad, aversión o falta de imparcialidad del magistrado hacia el dirigente deportivo.
Uno de los cuestionamientos planteados por la defensa hacía referencia a una supuesta filtración de información de la causa a medios de comunicación. No obstante, el tribunal consideró que los elementos aportados no demostraban un adelanto indebido de decisiones judiciales, sino que podían responder a especulaciones periodísticas sobre un expediente de interés público.
Toviggino también cuestionó que durante su declaración indagatoria no se le permitiera abandonar los tribunales por una salida alternativa para evitar la presencia de la prensa. Sobre este punto, la Cámara entendió que se trata de una cuestión ajena al proceso judicial y respaldó la actuación del magistrado.
La investigación se centra en una presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales que, según la acusación, habrían sido retenidos por la AFA sin ser depositados en tiempo y forma ante el fisco.
Por estos hechos fueron procesados varios dirigentes de la entidad, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio Tapia, conocido como «Chiqui» Tapia, y Toviggino, bajo la figura de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social.
Según la resolución de Amarante, las irregularidades habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, mediante un esquema que permitió postergar pagos millonarios y obtener beneficios financieros a partir de esos fondos.