La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a Cristina Kirchner: seis años de prisión y inhabilitación perpetua
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta en relación con la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. El fallo permite la apelación ante la Corte Suprema, por lo que todas las partes tendrán 10 días hábiles para presentar sus recursos. La Corte decidirá en última instancia, sin un plazo específico para resolver.
Este fallo, emitido por la Sala IV de Casación, incluye también las condenas de otros implicados, como Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, quienes también recibieron penas de seis años de prisión. Otros ex funcionarios, como Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Mauricio Collareda, recibieron condenas de entre tres y cinco años. Por otro lado, fueron confirmadas las absoluciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas.
El fallo, de más de 1600 páginas, fue dado a conocer en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py, donde los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña respaldaron la condena original. Por su parte, el juez Gustavo Hornos propuso sumar el delito de asociación ilícita, tal como solicitaba la Fiscalía, aunque esta opinión no fue respaldada por el resto del tribunal.
Además de las penas de prisión, la Sala IV homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos como parte de la sentencia. Este monto corresponde al perjuicio estimado causado a la administración pública por las maniobras fraudulentas detectadas entre 2003 y 2015. Durante ese período, se comprobó que cincuenta y un licitaciones de obras viales en Santa Cruz fueron sistemáticamente adjudicadas a empresas de Báez, con el respaldo de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y de Vialidad Provincial de Santa Cruz.
Según la sentencia, la trama de irregularidades incluyó decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, como la firma del Decreto PEN 54/09 por parte de Cristina Kirchner, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad financiar directamente obras adjudicadas a empresas de Báez. Este circuito de asignación irregular resultó en un daño económico a la administración pública estimado en 84.000 millones de pesos.
La sentencia aún no es definitiva, ya que la Corte Suprema de Justicia deberá analizar el recurso de apelación, proceso que podría extenderse sin un plazo fijo para resolución.