La Cámara de Apelaciones anuló la pericia a un celular de Leonelli y crecen las sospechas por conflictos de interés
El pasado viernes 4 de julio, la Cámara de Apelaciones de Ushuaia resolvió anular la orden dictada por la jueza María Cristina Barrionuevo para peritar un segundo teléfono celular que había sido secuestrado al magistrado Andrés Leonelli, investigado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. La decisión fue firmada por el juez Alejandro Fernández, quien, según trascendidos, mantendría vínculos comerciales con Leonelli a través de un emprendimiento inmobiliario en la ciudad.
De acuerdo a la información difundida, ambos magistrados serían socios en la construcción de un edificio ubicado sobre calle Deloqui, en Ushuaia. Esta relación generó serias objeciones sobre la imparcialidad de Fernández al intervenir en una causa que involucra directamente a un presunto socio comercial.
Desde distintos sectores del ámbito judicial y político advierten que, de confirmarse este vínculo, Fernández debió haberse excusado de participar en la resolución, dado el evidente conflicto de intereses que podría derivar en un pedido de jury de enjuiciamiento.
Por otro lado, la resolución judicial ha despertado fuertes críticas, ya que la pericia al segundo celular podría haber aportado elementos clave para la investigación. El dispositivo había sido incautado durante uno de los allanamientos a Leonelli y su análisis podría contener información vinculada al caso de pornografía infantil por el cual fue denunciado.
Fuentes cercanas al expediente señalaron que resulta inexplicable la anulación de esa medida de prueba, en un contexto en el que organismos internacionales ya se han involucrado y habrían sido los primeros en denunciar la presunta tenencia de material ilegal por parte del juez.
En este marco, crece la preocupación por el tratamiento que se le está dando a la causa dentro del Poder Judicial, y se teme que decisiones como la reciente anulación tengan como objetivo evitar que se profundicen las investigaciones sobre el contenido del celular incautado.
El caso continúa generando repercusiones y podría derivar en nuevas presentaciones tanto a nivel nacional como ante organismos internacionales, en reclamo de transparencia y garantías en el proceso judicial.