La Caja de Previsión dejó de recibir un aporte obligatorio desde 2020

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El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego detectó que la Administración Central dejó de liquidar y retener, desde enero de 2020, un aporte personal adicional destinado al Fondo de Sustentabilidad del sistema previsional provincial. La irregularidad quedó asentada en la Resolución Plenaria 123/26, emitida el pasado 26 de agosto, y fue posteriormente reconocida por el Ministerio de Economía.

La retención había sido incorporada al artículo 8° bis de la Ley 561 y alcanza a los agentes cuyos salarios superan la asignación básica remunerativa del Gobernador. El mecanismo establece un descuento del 15% sobre el tramo excedente de esas remuneraciones, con afectación específica a la Caja de Previsión. Según publicó El Diario del Fin del Mundo, la auditoría todavía no logró determinar cuánto dinero dejó de ingresar durante los más de seis años de incumplimiento.

El organismo de control concedió un plazo de 15 días al ministro de Economía, Alejandro Barrozo, para explicar cómo se calcularán las sumas adeudadas, qué medidas se adoptarán para regularizar la situación y desde qué momento comenzará a aplicarse efectivamente el aporte. La resolución también contempla analizar las posibles consecuencias patrimoniales y jurídicas derivadas de la falta de retención.

El presidente de la Caja de Previsión, Roberto Bogarín, deberá informar dentro del mismo plazo qué controles fueron realizados, si existieron reclamos anteriores y cuál sería el monto que el organismo tiene derecho a percibir. Primero deberá presentar una estimación preliminar y posteriormente establecer la acreencia definitiva del sistema previsional.

Uno de los puntos centrales será reconstruir el valor mensual utilizado como límite para aplicar el descuento. Desde septiembre, el básico de la categoría A3 fue fijado en $1.159.419,23, por lo que la asignación básica remunerativa del Gobernador asciende a $6.956.515,38. Además, deberá resolverse si el cálculo se efectuará sobre el salario legal o sobre el monto efectivamente percibido durante las autolimitaciones salariales dispuestas por Gustavo Melella, una definición que podría modificar tanto la cantidad de agentes alcanzados como la deuda final.