“Nobleza obliga: la empresa aseguradora cubrió el 100% de los daños”, confirmó en los últimos días Paulino Rossi, titular de Avis Budget en Ushuaia. Con esa definición, la firma cerró el capítulo patrimonial del siniestro que dejó tres unidades de alquiler fuera de servicio, y decidió no judicializar el reclamo por lucro cesante. En el medio, la magistrada Felicitas Maiztegui Marcó —por entonces a cargo del Juzgado Correccional del Distrito Sur— se acogió a la jubilación.

El episodio que derivó en el reclamo ocurrió el viernes 13 de junio, alrededor de las 15, sobre Gobernador Godoy. De acuerdo con lo informado, la jueza perdió el control de su Jeep Wrangler (NVZ-484) y embistió un vehículo estacionado frente a la base de Avis Budget. La inercia del impacto alcanzó a otros tres rodados (dos de la compañía y uno particular), configurando un choque en cadena.

Horas después se supo que, a una cuadra y media más arriba, la conductora también había chocado una camioneta perteneciente a un abogado local. En total, cinco vehículos resultaron dañados.

La reacción posterior agravó la polémica: la jueza se retiró del lugar sin descender del rodado. Marcelo Villanueva, gerente de Avis Budget, localizó el Jeep en un domicilio del barrio Mirador Fernández (calle Puerto Túnel). Según relató, inicialmente hubo una negativa de participación; recién ante el registro de cámaras que mostraba el choque, admitió su intervención.

Rossi precisó que las unidades de Avis estaban correctamente estacionadas en Gobernador Godoy 51, entre San Martín y Maipú, y que se activó el reclamo ante Sancor Seguros, cobertura contratada por la conductora. Paralelamente, el Juzgado Municipal de Faltas inició actuaciones de oficio y solicitó imágenes de videovigilancia para la investigación.

En su momento, la empresa evaluó vías administrativa o judicial para buscar la reparación de daños y el reconocimiento del lucro cesante por las unidades fuera de servicio. Con la indemnización total finalmente acreditada por la aseguradora, el caso quedó cerrado en lo civil para la firma damnificada.

Más allá del resarcimiento, el hecho generó un fuerte rechazo público: se remarcó la responsabilidad institucional de quien, desde su juzgado, debía valorar conductas similares a las que protagonizó aquel día.