Kicillof cuestionó los cambios en Zona Fría y advirtió que más de un millón de hogares perderían subsidios
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como “ilegal” el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que modifica el régimen de Zona Fría y elimina beneficios para cooperativas eléctricas, al tiempo que adelantó que analiza recurrir a la Justicia para frenar su aplicación.
“Yo pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no”, expresó el mandatario bonaerense al cuestionar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
Kicillof pidió además al Senado que no avance con el proyecto y advirtió que las modificaciones impactarán directamente en las facturas de gas de millones de usuarios. Según detalló, unos 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses perderían los descuentos actuales, lo que representa cerca del 20% de los usuarios de la provincia.
De acuerdo a las estimaciones oficiales, las subas podrían ubicarse entre el 40% y el 100% para quienes queden fuera del beneficio, salvo aquellos usuarios que logren acceder al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mediante un reempadronamiento.
El gobernador sostuvo que el proyecto contiene aspectos “directamente ilegales” y remarcó que la medida agravará la situación económica de miles de familias. “La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, afirmó durante una actividad en Florencio Varela.
Además del impacto sobre los usuarios residenciales, el Gobierno bonaerense manifestó preocupación por la eliminación del fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas del interior provincial.
El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, explicó que el sistema vigente funciona desde 1996 y permite sostener el servicio en pequeñas localidades mediante aportes de distribuidoras y cooperativas de mayor escala.
Según indicó, alrededor de 200 cooperativas prestan servicio en el 40% del territorio bonaerense y muchas dependen de ese fondo para garantizar su funcionamiento. También advirtió que la nueva normativa podría afectar mecanismos históricos de financiamiento vinculados al alumbrado público.