El personal administrativo del Escalafón Húmedo que trabaja en establecimientos públicos de salud podría incorporarse al régimen jubilatorio diferencial mediante un proyecto del legislador Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino. La iniciativa amplía el alcance del beneficio y propone computar de manera especial los servicios prestados durante 2020 en tareas vinculadas con la atención de la pandemia.
La propuesta conserva los requisitos de 55 años de edad y 25 años de servicios computables, con un mínimo de 20 años de aportes efectivos a la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego. El cambio central está en quiénes podrían acceder: dejaría de limitarse a determinadas funciones sanitarias para comprender al conjunto del Escalafón Húmedo que cumpla tareas efectivas en establecimientos asistenciales públicos.
Para ello, Löffler plantea reemplazar el artículo 35 ter de la Ley Provincial 561. Su redacción actual contempla a profesionales de la salud, técnicos y auxiliares de enfermería dedicados a la atención directa de pacientes, además del personal del Área Médico Forense. El nuevo texto incluye hospitales, centros de atención primaria y otras instituciones sanitarias dependientes de la Provincia, los municipios o las comunas.
La incorporación del personal administrativo estaría determinada por el lugar donde desarrolla sus funciones y su pertenencia al escalafón. Quienes trabajen en los establecimientos alcanzados quedarían comprendidos, mientras que aquellos que se desempeñen exclusivamente en oficinas centrales u otras dependencias administrativas permanecerían excluidos.
Otro punto de la iniciativa establece que el tiempo efectivamente trabajado durante 2020 se compute por duplicado para quienes hayan realizado atención directa al público o actividades necesarias para el funcionamiento de establecimientos sanitarios afectados a la pandemia de COVID-19. Ese reconocimiento serviría únicamente para completar los 25 años de servicios exigidos.
El cómputo especial no permitiría reemplazar los 20 años mínimos de aportes efectivos a la Caja ni supondría duplicar aportes personales o contribuciones patronales. Además, el proyecto dispone que la incorporación al régimen no genere diferencias retroactivas ni obligaciones extraordinarias de aportación.
La discusión se plantea en un sistema previsional que continúa bajo emergencia. En diciembre de 2025, los 14 legisladores presentes aprobaron por unanimidad una prórroga de dos años, vigente desde el 1 de enero de 2026, de las principales herramientas de sustentabilidad aplicadas desde 2020. Entre quienes acompañaron esa continuidad estuvo el propio Löffler.
Ese esquema mantiene el Fondo de Sustentabilidad, que recibe, entre otros recursos, aportes adicionales del 15% sobre determinados ingresos de trabajadores activos y jubilados de mayores ingresos, aportes compensatorios y fondos derivados de convenios de pago. También contempla un aporte extraordinario del 5% para funcionarios políticos y otros cargos comprendidos durante la emergencia.
Por otra parte, el sistema recibe recursos del FOFISP, creado en 2016 y financiado mediante una alícuota adicional de Ingresos Brutos del 4% para las actividades alcanzadas. Durante los primeros siete meses del año, ese fondo recaudó más de $12.000 millones. A diferencia de las medidas vinculadas con la emergencia, no tiene actualmente una fecha de vencimiento prevista.
El proyecto fundamenta la ampliación en las particularidades del trabajo sanitario y en el reconocimiento a quienes sostuvieron los servicios durante la pandemia. Sin embargo, no incorpora una estimación actuarial que permita conocer cuántas personas se sumarían al beneficio ni cuál sería el impacto financiero para la Caja, dos aspectos relevantes para evaluar su aplicación.