Investigan uso de tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales de casi $50 millones en la causa por la mansión de Pilar
La Justicia reveló que el presunto testaferro implicado en la compra de una propiedad de lujo en Villa Rosa pagaba consumos con una tarjeta de la Asociación del Fútbol Argentino, con movimientos mensuales de casi $50 millones, y consideró central a la AFA en la investigación.
La investigación penal económica que indaga un presunto caso de lavado de activos vinculado a la mansión de Villa Rosa, en Pilar, incorporó esta semana un dato llamativo: el supuesto testaferro, identificado como Luciano Pantano, utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para afrontar gastos mensuales por aproximadamente 50 millones de pesos.
El juez Marcelo Aguinsky, a cargo del expediente, negó un pedido de la defensa para apartarse del caso y mantener la competencia en su juzgado, con el argumento de que el “núcleo” del expediente está relacionado con la propia AFA, cuya sede legal está en la Ciudad de Buenos Aires.
En la resolución se consignó que la tarjeta, vinculada a una cuenta corporativa de la AFA, no solo servía para pagos habituales sino también para cancelar consumos y servicios, entre ellos el pase de automotores secuestrados en la quinta. Los movimientos reflejan un patrón de gastos elevados durante todo 2025, lo que generó nuevas dudas sobre la procedencia de esos fondos y su posible vinculación con el predio investigado.
La causa, que también reúne otros elementos como la compra del inmueble por parte de la sociedad Real Central SRL —formalmente integrada por Pantano y su madre— y la presencia de decenas de vehículos de alta gama en un galpón del lugar, busca determinar si existen conexiones entre esos bienes y autoridades de la AFA, como el dirigente Pablo Toviggino.
La revelación del uso de una tarjeta corporativa por importes tan elevados se suma a un conjunto de medidas judiciales que incluyen la decisión de mantener la causa en el fuero penal económico y otros pasos procesales en marcha para esclarecer el origen de los fondos utilizados en la adquisición y mantenimiento de la mansión y bienes asociados.
La investigación continuará con prácticas de prueba y eventuales citaciones para determinar responsabilidades y si los consumos registrados están vinculados a actividades delictivas en curso o a la operación de bienes bajo investigación.