Investigan presuntas ventas irregulares de viviendas sociales adjudicadas a afiliados de ATE
El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) inició un proceso de inspección en el barrio construido bajo el fideicomiso de ATE, tras detectar publicaciones en redes sociales que ofrecían en venta o alquiler casas que aún no han sido pagadas. La presidenta del organismo, arquitecta Laura Montes, denunció que estas operaciones podrían constituir una estafa y adelantó que se tomarán medidas legales si se confirma la irregularidad.
Durante el pasado fin de semana se realizaron visitas sin previo aviso a las 120 viviendas del complejo. Sólo en 50 casos los ocupantes accedieron a abrir sus puertas, y en al menos cuatro se constató que no residían los adjudicatarios originales. «Esto nos sorprendió, porque esperábamos un porcentaje menor», comentó Montes, quien agregó que aún restan verificar 70 domicilios.
Las unidades habitacionales fueron entregadas en octubre de 2021, como parte de un plan conjunto entre el IPV, el gremio ATE y un banco fiduciario, en un contexto en el que no existían programas nacionales de vivienda. El fideicomiso ya fue disuelto por la Inspección General de Justicia, por lo que el IPVyH quedó a cargo de regularizar la situación contractual y financiera.
Ninguna de las familias ha comenzado a abonar las cuotas de sus viviendas, pese a haber firmado contratos. “El IPV quiere garantizar que quien reciba la vivienda cumpla con los requisitos y comience a pagar como cualquier adjudicatario”, sostuvo la titular del organismo. Las viviendas, tipo dúplex de 65 m² con lote propio, están valuadas actualmente en cerca de 80 millones de pesos, sin incluir el valor de la tierra municipal.
Hoy se llevará a cabo una reunión clave con referentes de ATE para avanzar en la fiscalización de los ocupantes y definir cómo proceder con los casos irregulares. Montes señaló que el gremio deberá colaborar para identificar quiénes realmente necesitan la vivienda, dado que el plan estaba destinado a trabajadores estatales afiliados al sindicato.
El IPVyH también trabaja en conjunto con la Cooperativa Eléctrica para obtener datos sobre el consumo de energía como posible indicador de ocupación real. Además, se analiza la posibilidad de reubicar las viviendas que no están habitadas o han sido comercializadas ilegalmente.
«Ya hemos avanzado en desalojos en otros casos. El IPV tiene jurisprudencia sólida que respalda la desadjudicación y la recuperación de unidades entregadas a personas que no cumplieron con los términos acordados», advirtió la funcionaria.
Finalmente, Montes insistió en que estas viviendas fueron construidas con fondos públicos y deben cumplir su objetivo social: brindar techo a quienes realmente lo necesitan. «El Estado no puede permitir que se lucren con algo que fue pensado para atender una necesidad básica», concluyó.