La Justicia dispuso analizar un teléfono celular y cámaras de seguridad para esclarecer la grave agresión sufrida por David Álvarez, conocido como “El Dientón”, en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande. El detenido permanece internado en el Hospital Regional, donde, según informó el Servicio Penitenciario Provincial, fue ingresado al sector de Terapia Intensiva.
El episodio ocurrió el jueves 8 de octubre, alrededor de las 22, y la investigación está a cargo de la jueza de Instrucción María Rosa Santana Santana. En la causa fue notificado de sus derechos y garantías el interno Maximiliano Perpetto, señalado como presunto autor del ataque.
A través de un comunicado, las autoridades penitenciarias indicaron que el traslado de Álvarez al hospital se produjo después de que manifestara un dolor abdominal. De acuerdo con esa versión, posteriormente tomaron conocimiento de que había quedado internado en cuidados intensivos.
“Se requirió a la institución hospitalaria la remisión de partes médicos actualizados, a fin de contar con información oficial respecto de su evolución clínica”, precisaron desde el organismo. También señalaron que se dio intervención a la Justicia y se realizaron distintas diligencias, entre ellas requisas dentro del establecimiento.
Durante un procedimiento en el Pabellón B fue secuestrado un celular. Además, efectivos de la División Delitos Complejos de Río Grande concurrieron a la unidad para cumplir notificaciones y otras medidas judiciales. El parte también consignó que un médico forense examinó a otro interno vinculado con las actuaciones para constatar posibles lesiones.
El Servicio Penitenciario sostuvo que mantendrá reserva sobre los detalles del caso “por razones de confidencialidad y a fin de no interferir en las actuaciones judiciales en curso”. En ese sentido, evitó adelantar conclusiones sobre las circunstancias del hecho, que deberán ser establecidas por la investigación.
Finalmente, la institución aseguró que continúa colaborando con las autoridades judiciales y remarcó que “la atención sanitaria de las personas privadas de la libertad, el resguardo de su integridad física y el cumplimiento de las garantías legales, constituyen obligaciones permanentes e irrenunciables”.