Investigan denuncias por presuntas irregularidades en la Cooperativa de Río Grande
Una presentación judicial realizada en el Juzgado Federal de Río Grande encendió las alarmas sobre el manejo interno de la Cooperativa Eléctrica, tras la denuncia formal de un exempleado con representación legal. En el escrito, se detallan presuntas maniobras irregulares y se advierte sobre la gravedad de los hechos por tratarse de una entidad que brinda un servicio esencial para la ciudad.
El presidente de la Cooperativa, Santiago Barientos; el vicepresidente, Segundo Santana; y el contador, Ezequiel Krok, son mencionados en la denuncia como posibles responsables de delitos como malversación de fondos, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Incluso se sugiere la hipótesis de una asociación ilícita, y se menciona, de forma no incluida en la denuncia formal, una supuesta circulación de estupefacientes en el interior de la institución, aunque sin mayores precisiones ni pruebas.
Entre las irregularidades expuestas se destacan contrataciones con sobreprecios, posibles retornos económicos y acuerdos con empresas privadas que podrían haber favorecido indebidamente a determinados actores. También se cuestionan los convenios firmados con la fábrica Río Chico y con la firma TV Fuego, respecto del uso de la infraestructura eléctrica para servicios de internet y televisión por cable.
Actualmente, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se encuentra realizando una auditoría en la Cooperativa, pero el denunciante también pone en duda la transparencia de ese proceso, aunque no aporta pruebas concretas que respalden ese cuestionamiento.
Un punto llamativo de la presentación es que fue dirigida a la Justicia Federal, sin una justificación clara sobre por qué se eligió ese fuero. Dado que los presuntos delitos encuadran dentro de la órbita provincial y que la supervisión de las cooperativas corresponde a la Inspección General de Justicia (IGJ), no se descarta que el caso sea remitido a la Justicia Provincial en las próximas horas.
Por el momento, la Fiscalía Federal analiza la admisibilidad de la denuncia, y deberá decidir si avanza con medidas de prueba. En el sistema acusatorio federal, es el Ministerio Público Fiscal el encargado de impulsar la investigación, aunque el escrito carece de documentación probatoria que respalde las acusaciones.
La definición de la competencia judicial será clave para determinar si la investigación sigue su curso en el fuero nacional o si finalmente se traslada al ámbito de la justicia provincial, donde parece tener mayor anclaje legal.