Intervienen el Puerto de Ushuaia por desvío de fondos y falta de inversiones
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia tras detectar graves irregularidades en el uso de los recursos económicos y una sostenida falta de inversión en infraestructura clave.
De acuerdo con los informes técnicos elaborados por el organismo nacional, parte de los fondos generados por la actividad portuaria habrían sido destinados a fines ajenos al mantenimiento y mejora del muelle. Esta situación derivó en la postergación de obras indispensables, comprometiendo tanto la seguridad operativa como la continuidad del servicio en uno de los puertos más estratégicos del país.
Desde la ANPYN advirtieron que las deficiencias detectadas representan un riesgo significativo para un puerto fundamental no solo para el tráfico de pasajeros y cruceros, sino también para la logística antártica, un rol central que posiciona a Ushuaia como puerta de entrada al continente blanco.
El conflicto tiene antecedentes de larga data. Se remonta al convenio Nación–Provincia firmado en 1992, mediante el cual se transfirió la administración del puerto a la provincia de Tierra del Fuego, bajo la condición expresa de que la totalidad de los ingresos portuarios fueran destinados exclusivamente a gastos operativos e inversiones en infraestructura.
No obstante, el organismo nacional señaló como antecedente clave la sanción de la Ley Provincial N.º 1.596, en julio de 2025, que habilitó el uso del superávit de la Dirección Provincial de Puertos para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), una decisión que —según la ANPYN— contradice los términos del acuerdo vigente con la Nación.
Pese a las intimaciones y los reiterados pedidos de información, la Provincia no logró acreditar el cumplimiento de sus obligaciones ni revertir las conclusiones del informe final de inspección. Ante este escenario, se resolvió avanzar con una intervención por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga.
La medida tiene como objetivo regularizar la situación administrativa y financiera, reactivar las inversiones en infraestructura, garantizar la seguridad operativa y asegurar la continuidad del servicio portuario, aclarando que no se verán afectadas las relaciones laborales del personal que desempeña funciones en el puerto.