Industria fueguina en jaque: preocupación por impacto de políticas nacionales y falta de un plan de reconversión

El presidente de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN), Alberto Garófalo, manifestó su creciente preocupación ante lo que considera un “desmantelamiento acelerado” del entramado industrial de Tierra del Fuego, como consecuencia de las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional.

Garófalo aseguró que el impacto de la eliminación de aranceles a productos importados y la intención de revisar el régimen de promoción establecido por la Ley 19.640 están golpeando de lleno a las fábricas radicadas en la isla. Según expresó, el principal problema radica en la velocidad de los cambios: “Sabíamos que podía pasar, pero no así, sin darnos tiempo a reconvertir la matriz productiva”.

El empresario señaló que la industria fueguina enfrenta hoy un escenario incierto, sin un cronograma definido que permita encarar una transición ordenada hacia nuevas actividades económicas. A su juicio, esto pone en riesgo miles de empleos y evidencia una falta de planificación estructural: “La reconversión requiere inversiones serias en infraestructura y un plan realista, no declaraciones vacías”, subrayó.

Recordó que el proceso de debilitamiento del régimen comenzó durante la gestión anterior, cuando se excluyó inicialmente a la industria textil de la prórroga de beneficios, afectando a cientos de trabajadores. Ahora, el golpe más fuerte lo recibe el sector electrónico, que si bien no ha sido atacado directamente, enfrenta una competencia desleal con la apertura de importaciones.

En ese sentido, Garófalo explicó que el nuevo modelo económico nacional no contempla el valor geopolítico que históricamente justificó la promoción industrial fueguina. “El actual gobierno no comparte esa visión estratégica del territorio, y eso se traduce en decisiones que ponen en jaque el desarrollo regional”, dijo.

Además, cuestionó la narrativa que responsabiliza a las fábricas fueguinas por los altos precios de los productos electrónicos, como los celulares. Aclaró que las empresas radicadas en la isla no fijan precios de venta, ya que esto depende de las marcas internacionales para las que producen. “Decir que los beneficios no se reflejan en el precio final es una simplificación. Hay costos asociados a la deslocalización que no se pueden ignorar”, afirmó.

Por otro lado, advirtió que no existen canales institucionales para que el sector productivo participe activamente en el diseño de políticas. “No tenemos un espacio de diálogo como sí lo tiene Manaos con su régimen SUFRAMA. Elevamos propuestas, pero no somos escuchados”, lamentó.

En cuanto al empleo, Garófalo reconoció que todavía no se puede dimensionar el daño completo. Sin embargo, mencionó que ya se perdieron al menos 600 puestos por el cierre de fábricas textiles, y que si se concretan los decretos anunciados, muchas líneas de producción electrónica —especialmente de gama media y baja— podrían cerrarse en breve. “El riesgo de una crisis social es real si no se frena este avance”, advirtió.

Finalmente, planteó que para hacer viable una reconversión se necesita capital para grandes obras: “Un puerto en Río Grande, nuevas rutas, mejoras en conectividad y proyectos productivos reales”. También mencionó que es necesario revisar ciertas restricciones internas, como las trabas al turismo o a la cría de salmones, si se busca diversificar la economía. “El futuro de Tierra del Fuego dependerá de cuánto se invierta y de si se permite que las empresas participen en la transformación”, concluyó.