La Justicia de Ushuaia dispuso nuevamente la detención preventiva de Burgoa luego de constatar que habría incumplido una de las condiciones impuestas para permanecer en libertad. El joven fue trasladado al Centro de Detención de la capital fueguina, donde quedó alojado a disposición del Juzgado interviniente.
La excarcelación había sido otorgada el 22 de enero de 2026 y estaba sujeta a distintas reglas de conducta. Entre ellas figuraban la obligación de presentarse semanalmente ante una dependencia policial, restricciones de acercamiento y comunicación con una persona y la prohibición de abandonar su domicilio entre la medianoche y las 6 de la mañana. La resolución advertía que cualquier incumplimiento podía provocar la revocación del beneficio.
El episodio que derivó en la nueva medida judicial ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto. Cerca de las 4:10, efectivos policiales acudieron a un domicilio tras recibir un aviso sobre la presencia del imputado. Poco después fue localizado caminando por la vía pública, dentro de la franja horaria en la que debía permanecer en su vivienda.
Al verificar las restricciones vigentes, los agentes lo trasladaron ante el Tribunal para que explicara lo sucedido. A las actuaciones se sumó además la presentación de un familiar, quien manifestó sentir temor ante diferentes situaciones de violencia y solicitó medidas de protección.
Con esos antecedentes, el Juzgado consideró que se habían vulnerado las pautas fijadas para sostener la excarcelación y resolvió dictar la prisión preventiva. Al mismo tiempo, estableció disposiciones destinadas a resguardar la integridad física y psíquica del detenido y evitar cualquier contacto con personas involucradas en otra investigación judicial.
Burgoa también figura como presunta víctima en una causa iniciada por los graves hechos ocurridos en mayo dentro del pabellón B de la unidad de detención. En aquel episodio, tres internos habrían sufrido violentos vejámenes por parte de otros presos. Por el caso permanecen imputados varios reclusos y siete agentes penitenciarios, estos últimos investigados por su presunta falta de intervención.