Gobierno busca avanzar en un abordaje conjunto por la problemática de los perros asilvestrados

Compartir esta nota

El Ministerio de Producción y Ambiente trabaja junto a los municipios de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia en una estrategia común para abordar la presencia de perros sueltos en áreas urbanas y el avance de animales asilvestrados en zonas rurales y naturales. El Gobierno provincial también prevé incorporar al Poder Judicial y a la Legislatura al esquema de trabajo.

El Gobierno de Tierra del Fuego inició una serie de reuniones con los municipios de la provincia para avanzar en una estrategia conjunta frente a una problemática que atraviesa tanto los sectores urbanos como las áreas rurales y naturales: la presencia de perros sueltos y el avance de perros asilvestrados.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción y Ambiente y coordinada por el ministro Francisco Devita, quien mantuvo encuentros con representantes de CADIC, la Asociación Rural y funcionarios de las municipalidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

El objetivo planteado por la Provincia es establecer un esquema de trabajo que permita analizar las acciones que actualmente desarrolla cada jurisdicción en materia de tenencia responsable y, fundamentalmente, determinar cuál es su impacto concreto sobre la población canina.

Buscan medir el impacto de las políticas actuales

Uno de los puntos centrales planteados durante las reuniones fue la necesidad de contar con información que permita establecer si las medidas implementadas están logrando modificar la cantidad de perros que permanecen en la vía pública.

Devita explicó que resulta necesario “medir su impacto real en el territorio y evaluar su efectividad en función de la cantidad de perros que están en la calle”, para poder determinar si la población canina disminuye, se mantiene o continúa aumentando.

En este sentido, el Gobierno provincial impulsa la firma de un convenio entre la Provincia y los municipios, mediante el cual se establecería una distribución de responsabilidades y tareas para abordar el problema de manera coordinada.

La propuesta contempla que cada jurisdicción asuma funciones específicas dentro de un esquema de corresponsabilidad institucional.

Una problemática que atraviesa distintos sectores

Desde el Gobierno señalaron que el problema no se limita a la presencia de perros sueltos en las ciudades. El avance de perros asilvestrados en áreas rurales y naturales genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre distintos sectores.

Entre los aspectos mencionados se encuentran el impacto ambiental, sanitario, turístico y productivo, con especial atención en los ataques registrados contra animales de producción.

La afectación sobre la actividad ganadera constituye uno de los principales puntos de preocupación, particularmente por los ataques a ganado ovino y bovino.

La intención es establecer políticas a mediano plazo

Otro de los objetivos planteados por el Ministerio de Producción y Ambiente es que las medidas que se adopten puedan sostenerse en el tiempo y no queden limitadas a una determinada gestión de gobierno.

En ese sentido, Devita sostuvo que se busca definir políticas concretas de mediano plazo y avanzar hacia una estrategia que permita abordar la problemática más allá de los períodos de gestión.

Para ello, se plantea mantener un diálogo permanente entre los organismos involucrados y ampliar la participación de distintos sectores vinculados con la problemática.

Convocarán al Poder Judicial y a la Legislatura

La agenda de trabajo continuará con nuevas reuniones. Según adelantó el ministro, se prevén encuentros con representantes del Poder Judicial y un plenario con legisladores de la Comisión de Ambiente.

La intención es incorporar a estos actores al esquema de discusión y avanzar hacia una articulación multisectorial que permita definir herramientas y responsabilidades frente a una problemática que desde el Gobierno consideran de larga data y que tiene impacto en distintos ámbitos de la vida provincial.

El proceso iniciado por la Provincia contempla, de esta manera, la participación de municipios, organismos científicos, representantes del sector productivo, Poder Judicial y Legislatura, con el objetivo de construir una estrategia común frente a la presencia de perros sueltos y el avance de perros asilvestrados en Tierra del Fuego.