Fuertes cuestionamientos a la jueza Barrionuevo: acumula resoluciones anuladas y le piden evaluar su apartamiento

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La jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo quedó nuevamente en el centro de la controversia judicial en Tierra del Fuego. La Cámara de Apelaciones anuló una prisión preventiva por falta de fundamentos jurídicos y advirtió sobre la reiteración de errores en sus resoluciones. Según el tribunal, desde noviembre de 2019 se registraron alrededor de veinte nulidades provenientes de su juzgado, mientras que en tres oportunidades anteriores la magistrada debió ser apartada de distintas causas.

En su pronunciamiento del 23 de octubre, los camaristas cuestionaron que Barrionuevo justificara una privación de libertad mediante consideraciones sobre la peligrosidad del imputado, sin analizar adecuadamente los riesgos procesales ni otras medidas alternativas. Ante la reiteración de estas deficiencias, formularon una nueva advertencia y señalaron la posibilidad de disponer su apartamiento y solicitar al Superior Tribunal de Justicia la aplicación de medidas disciplinarias.

Paralelamente, la Fiscalía de Estado apeló la decisión de Barrionuevo de declararse incompetente para investigar una denuncia contra autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), vinculada con los impedimentos al ingreso de inspectores ambientales provinciales al Puerto de Ushuaia. La magistrada había remitido las actuaciones a la Justicia Federal, pero ese fuero devolvió el expediente a la jurisdicción provincial el 23 de octubre. El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, cuestionó la interpretación jurídica utilizada y solicitó que la jueza evalúe apartarse de la investigación.

Ambas situaciones profundizan los cuestionamientos sobre el desempeño de Barrionuevo, aunque hasta el momento no implican una sanción disciplinaria ni acreditan falta de imparcialidad. Mientras la Cámara advierte sobre resoluciones que podrían comprometer garantías constitucionales, la Fiscalía de Estado reclama que se garantice una investigación adecuada de los hechos denunciados en el Puerto de Ushuaia. La controversia vuelve a poner bajo discusión la fundamentación de las decisiones judiciales y el funcionamiento del juzgado.