La Fiscalía de Estado reclamó una revisión integral del funcionamiento de la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Secundario, tras detectar problemas en los procedimientos, el control de antecedentes, los plazos administrativos y la conformación del organismo.
Las observaciones quedaron plasmadas en el Dictamen 11/2026, emitido el jueves 10 de septiembre. La intervención se originó en una denuncia de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) por presuntas irregularidades en la elaboración del listado docente correspondiente al ciclo lectivo 2026.
Uno de los puntos más cuestionados fue la utilización de información provisoria para realizar designaciones. La inscripción había comenzado en junio de 2025 y la revisión de puntajes se desarrolló entre el 2 y el 13 de febrero de este año. Sin embargo, los actos públicos se concretaron los días 18 y 20 de febrero, mientras que el listado definitivo se publicó recién el 2 de marzo.
Ante esta situación, la Fiscalía pidió al Ministerio revisar los recursos humanos, tecnológicos y organizativos destinados al proceso. El objetivo es garantizar que las nóminas definitivas estén disponibles antes de comenzar a cubrir cargos. También señaló que, si la normativa vigente impide cumplir con esos plazos, deberán promoverse modificaciones legislativas.
El análisis de los antecedentes de una docente obligó a reconstruir documentación acumulada durante varios años y permitió encontrar inconsistencias, como la asignación de puntajes superiores a los límites establecidos. Según el organismo, el sistema depende excesivamente del procesamiento individual y presenta una trazabilidad insuficiente, lo que puede provocar que los errores se repitan en ciclos posteriores.
La Fiscalía también rechazó la postura del Ministerio respecto de que las equivocaciones de años anteriores quedarían automáticamente subsanadas por el paso del tiempo y la ausencia de impugnaciones. Remarcó que primero debe determinarse la naturaleza de cada irregularidad, debido a que la estabilidad administrativa no vuelve legítima una situación contraria a las normas.
Finalmente, el dictamen cuestionó la demora en la convocatoria a elecciones para renovar a los representantes docentes dentro de la Junta. Las falencias identificadas en materia de competencias, procedimientos, corrección de errores, cronogramas e integración llevaron al organismo a exigir una reforma profunda del sistema de clasificación docente.