Fiscalía de Tierra del Fuego entre las de menor eficacia según informe de INECIP
Un reciente informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) posiciona al Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tierra del Fuego entre los de menor eficacia en el ámbito nacional. El estudio, que analiza datos de 2022, mide la eficacia político-criminal de los MPF en Argentina y destaca la falta de información fundamental en algunas provincias, entre ellas Tierra del Fuego.
Según el reporte, la Fiscalía fueguina no proporcionó indicadores básicos como ingresos de casos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios, información esencial para evaluar su desempeño. A pesar de contar con un plazo de más de tres meses y de recibir reiterados pedidos, esta información no fue enviada ni publicada en su sitio web, situándola en lo que INECIP describe como un «ranking de opacidad». En esta lista también figuran los MPF de Tucumán, San Juan, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero.
El propósito de este estudio, explicaron desde INECIP, es promover una planificación estratégica en las políticas de persecución penal y concienciar a los Ministerios Públicos Fiscales sobre la importancia de evaluar su eficacia para mejorar su impacto en la criminalidad y la tutela judicial de las víctimas.
La eficacia político-criminal, uno de los principales indicadores del informe, evalúa en qué medida los MPF logran resolver casos penales con resultados que tengan impacto político-criminal, aunque sea mínimo. Esta métrica es considerada por INECIP como un punto de partida esencial para comenzar a evaluar el desempeño de los MPF en todo el país.
El informe señala además que provincias como Formosa, Misiones y Tierra del Fuego aún operan bajo sistemas inquisitivos o «mixtos», mientras que otras provincias del listado, como Córdoba y Tucumán, utilizan sistemas acusatorios consolidados. La falta de transparencia, tanto activa (no publicar los datos) como pasiva (no responder solicitudes de acceso a la información), es, según INECIP, una violación al derecho a la información pública establecido en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Este diagnóstico pone en evidencia la necesidad de cambios en la gestión de los MPF para asegurar que se tomen decisiones basadas en información precisa y accesible, promoviendo un sistema más transparente y eficaz para la ciudadanía.