La Legislatura de Tierra del Fuego avanzó en una propuesta alternativa para financiar el sistema educativo provincial durante los próximos cinco años. El dictamen incorpora cambios en la distribución de los fondos, modifica algunas fuentes de recaudación y establece mayores mecanismos de control sobre los recursos. El objetivo es que pueda ser debatido durante la sesión especial convocada para el lunes 2 de noviembre, a las 14 horas.
El debate por el financiamiento de la educación fueguina sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que las comisiones de Educación y Economía alcanzaran un acuerdo sobre una versión modificada del proyecto presentado originalmente por el Gobierno provincial.
La iniciativa consiguió el acompañamiento de seis integrantes de la Legislatura y conserva buena parte de la estructura impulsada por el Ejecutivo, aunque introduce diferencias importantes respecto del destino de los recursos y los mecanismos previstos para sostener las inversiones.
El tratamiento podría concretarse el próximo lunes, durante una sesión especial que había sido solicitada inicialmente por sectores de la oposición con el propósito de dejar sin efecto el trámite de urgencia del proyecto oficial.
La discusión se desarrolla en el marco del compromiso asumido para avanzar en una ley de financiamiento educativo, uno de los puntos incorporados al acuerdo que permitió finalizar el prolongado conflicto salarial docente registrado durante este año.
La inversión educativa tendrá una meta a cinco años
Uno de los principales aspectos que conserva el nuevo dictamen es el compromiso de incrementar progresivamente los recursos destinados al sistema educativo provincial.
La propuesta establece como objetivo alcanzar una inversión equivalente al 7,80% del Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego en un período de cinco ejercicios presupuestarios.
El esquema contempla comenzar con un piso del 4,50%, avanzar posteriormente al 4,95%, continuar con el 5,70% y el 6,60%, hasta llegar finalmente al porcentaje establecido como meta.
Sin embargo, el cumplimiento de ese recorrido estará condicionado por la situación económica provincial. Ante una caída real de la actividad, de la recaudación o de los fondos provenientes de la coparticipación federal, el Gobierno podrá postergar alguna de las etapas previstas.
En esos casos, deberá fundamentar la decisión ante la Legislatura, incorporando una instancia de control sobre eventuales modificaciones del cronograma.
Cambia el reparto de los fondos para salarios, edificios y equipamiento
Una de las modificaciones más importantes aparece en la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo, que continuará siendo la principal herramienta económica de la iniciativa.
El nuevo texto propone destinar el 40% de los recursos a salarios docentes, otro 40% a infraestructura escolar y el 20% restante a equipamiento.
Esta distribución representa una diferencia respecto de la propuesta original, que contemplaba un mínimo del 50% para salarios, el 25% para infraestructura y el 15% para equipamiento.
De esta manera, el nuevo esquema otorga mayor participación a las obras y mejoras edilicias, mientras reduce la proporción inicialmente prevista para las remuneraciones.
No obstante, los porcentajes tendrán carácter orientativo y podrán ser modificados por el Ejecutivo, siempre que se respeten las condiciones establecidas para cada fuente de financiamiento.
En materia salarial, la iniciativa plantea una mejora progresiva del cargo docente de referencia, aunque no establece porcentajes concretos de aumento ni determina una actualización automática de los haberes.
Nuevos impuestos y recursos para sostener el sistema educativo
El dictamen mantiene distintas herramientas de recaudación contempladas en la propuesta oficial, entre ellas un adicional del 3% sobre Ingresos Brutos aplicable al Banco de Tierra del Fuego.
La normativa establece que ese costo no podrá ser trasladado a los clientes de la entidad financiera.
También se contemplan recursos vinculados con actividades económicas estratégicas, utilidades de empresas estatales, proyectos de hidrógeno verde y actividades relacionadas con la economía del conocimiento.
A estas fuentes se incorpora la afectación de ingresos provenientes de Terra Ignis y la actualización anual de las valuaciones correspondientes al Impuesto Inmobiliario Rural, tomando como referencia la inflación.
En este último caso, se prevé que hasta el 40% de los ingresos adicionales generados por modificaciones tributarias o revalúos pueda destinarse al financiamiento educativo.
Sin embargo, una parte de los fondos proyectados dependerá de actividades económicas futuras, de utilidades empresariales o de normas que todavía deberán aprobarse. Por ese motivo, su disponibilidad efectiva estará vinculada con la evolución de esas fuentes de ingresos.
Los municipios conservarán recursos de coparticipación
Otro cambio relevante está relacionado con los fondos que reciben las administraciones municipales.
La nueva propuesta elimina la posibilidad de separar el 0,5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos antes de efectuar su distribución entre los municipios.
Ese mecanismo había sido incluido originalmente como una fuente de financiamiento para educación, pero su eliminación permite mantener los recursos dentro del esquema habitual de coparticipación.
De esta manera, Río Grande, Ushuaia y Tolhuin no verían afectada por esa detracción específica la distribución de fondos provenientes de ese impuesto.
La modificación también implica que el Fondo de Financiamiento Educativo deberá prescindir de una de las fuentes de ingresos que había contemplado inicialmente el Ejecutivo.
El impuesto al gas tendrá otro destino
El dictamen también modifica la distribución de los recursos provenientes del gravamen del 3,4% sobre la actividad de distribución de gas.
Según la nueva propuesta, el 40% de lo recaudado será destinado a infraestructura educativa, mientras que el 60% restante financiará obras de redes de gas y conexiones domiciliarias.
Esto significa que la mayor parte de esos fondos tendrá como destino la ampliación y mejora del acceso al servicio de gas, en lugar de incorporarse directamente al financiamiento del sistema educativo.
Además, el proyecto establece una condición particular: si el organismo regulador nacional autoriza a Camuzzi a trasladar ese costo a los usuarios, el gravamen deberá dejar de recaudarse.
Más controles sobre el uso del dinero
Entre las incorporaciones del nuevo texto se encuentran mecanismos destinados a mejorar el seguimiento de los recursos y evaluar los resultados de las inversiones.
La propuesta contempla la creación de un Observatorio, la presentación de informes trimestrales, la publicación de indicadores y una evaluación anual sobre la aplicación del programa.
También incorpora un plan de mejora educativa con participación de la comunidad, orientado a acompañar las inversiones económicas con herramientas de seguimiento del funcionamiento del sistema.
Otro punto establece que las variaciones en la matrícula estudiantil no podrán utilizarse automáticamente como argumento para reducir cargos docentes u horas de trabajo.
Con estas modificaciones, el dictamen busca combinar mayores recursos económicos, inversiones en infraestructura y mecanismos de supervisión sobre su utilización.
El lunes podría definirse el futuro del proyecto
La sesión especial convocada para el lunes 2 de noviembre, a las 14 horas, aparece como una instancia clave para determinar cómo continuará el tratamiento legislativo del financiamiento educativo.
Aunque la convocatoria original estuvo vinculada con la intención de dejar sin efecto el trámite de urgencia del proyecto enviado por el Ejecutivo, el nuevo dictamen abre la posibilidad de avanzar con una versión consensuada en comisiones.
El principal desafío será reunir los acompañamientos necesarios para su tratamiento y eventual aprobación, en un escenario donde persisten diferencias sobre el origen de los recursos, su distribución y las garantías de cumplimiento de las metas previstas.
La discusión tendrá especial importancia para la comunidad educativa fueguina, ya que de su resultado dependerá la definición de un esquema de financiamiento que pretende sostenerse durante los próximos cinco años.