Un grupo de familiares se manifestó frente al Juzgado de Familia y Minoridad N°2 para solicitar que se agilicen los expedientes relacionados con procesos de revinculación. Los participantes sostienen que las demoras afectan el derecho de niños y adolescentes a mantener contacto con sus vínculos afectivos.
Entre quienes participaron estuvieron Carlos Alderete, Sabrina Rolando y Silvana Napoleone. Esta última, abuela paterna de una menor, se acercó al tribunal para reclamar avances en la causa que involucra a su nieta.
La concentración comenzó en el interior del edificio judicial, pero debió trasladarse a la vía pública debido a que las normas internas impiden realizar manifestaciones dentro de las instalaciones. Personal policial intervino para garantizar el cumplimiento del protocolo e identificó a las personas que ingresaron al hall para presentar el reclamo.
El procedimiento provocó momentos de tensión y malestar entre los familiares, quienes finalmente continuaron con la protesta en el exterior del juzgado.
La nueva convocatoria se suma a otras movilizaciones realizadas durante el año. En mayo, padres, madres, tías y abuelas se habían reunido frente al mismo tribunal para reclamar respuestas por al menos cinco expedientes pendientes. En algunos de esos casos, aseguraron que llevaban hasta ocho meses sin mantener contacto con los menores.
Durante aquella protesta también solicitaron la renuncia de la jueza Montero. Semanas más tarde se desarrolló otra concentración con demandas similares, acompañada por un operativo policial reforzado. Los manifestantes cuestionaron entonces los controles, las evaluaciones y los plazos empleados en la tramitación de las causas.
Desde el ámbito judicial explican que los pedidos de revinculación no pueden resolverse automáticamente, debido a que involucran a niños y adolescentes. Cada expediente debe ser analizado por equipos interdisciplinarios pertenecientes al juzgado y por organismos provinciales especializados en niñez y familia.
Las evaluaciones buscan determinar si el restablecimiento del contacto resulta conveniente y seguro para los menores. El criterio central es el interés superior del niño, principio que obliga a priorizar su bienestar por encima de los pedidos o intereses de los adultos involucrados.
Cuando se detectan incumplimientos o posibles riesgos, la magistrada puede establecer restricciones o aplicar sanciones económicas. Algunos familiares denominan a estas disposiciones “bozal legal”, mientras que desde el ámbito judicial sostienen que se trata de herramientas destinadas a preservar los derechos y la integridad de las infancias.