El reclamo que mantienen varias familias de Río Grande por las demoras en los procesos de revinculación con sus hijos y nietos llegó a la Justicia. Una denuncia penal fue presentada contra Verónica Facio, funcionaria de la Subsecretaría de Niñez, y Luis Rocha, integrante de Abordajes Territoriales.
La presentación busca determinar si existió alguna relación entre funcionarios provinciales y el gabinete privado Sentirnos, al cual, según la denunciante, habrían sido derivadas diferentes familias para que los niños involucrados recibieran asistencia psicológica.
Silvana Napoleonne, abuela de una niña cuya familia reclama avanzar con la revinculación, confirmó la denuncia durante una entrevista con Aire Libre FM. “Nos informamos de que esta señora Verónica Facio tiene un vínculo, o sea, es la fundadora de Sentirnos, donde nos mandaban a nosotros”, afirmó.
Según explicó, su hijo habría acudido al establecimiento por indicación de Abordajes Territoriales, debido a que la niña necesitaba atención psicológica como parte del procedimiento. “¿Por qué tenemos que llevar a la nena, a mi nieta, a una consulta psicológica particular?”, cuestionó.
La mujer sostuvo que posteriormente comenzaron las dificultades para conseguir un turno. De acuerdo con su relato, la familia habría esperado entre dos y tres meses sin lograr que la niña fuera atendida, una demora que, según aseguró, terminó perjudicando el avance de la revinculación.
Las sospechas surgieron cuando los familiares que participaron del acampe frente a dependencias provinciales comenzaron a intercambiar experiencias. Allí habrían advertido que varias personas fueron orientadas hacia el mismo gabinete, aunque la disponibilidad de turnos no habría sido igual para todos.
Napoleonne relató que otra familia recibió la posibilidad de elegir libremente el día y el horario de atención, mientras que a su hijo le comunicaron durante esa misma semana que todavía no había lugar para su nieta. “Nos demoraron la revinculación”, manifestó.
La denunciante aseguró que cuentan con mensajes, audios y documentación para poner a disposición de la Justicia. Esos elementos serían utilizados para solicitar que se investigue si hubo un manejo discrecional de los turnos y si las demoras influyeron en los procedimientos familiares.
Otro aspecto que la presentación intenta esclarecer es por qué los organismos provinciales habrían enviado a las familias a prestadores particulares. Napoleonne afirmó que desde Abordajes Territoriales les habrían indicado que no contaban con psicólogos para brindar la atención requerida.
“Sentirnos es uno de los más elegidos para mandar a los niños a hacer las terapias”, señaló. A partir de esa situación, la mujer planteó la sospecha de que podría haber existido un beneficio económico. “Para nosotros es un negocio, es un negocio que ellos tienen y, lamentablemente, es un negocio con los niños”, expresó.
Estas afirmaciones forman parte de la acusación formulada por la denunciante y deberán ser comprobadas durante la investigación. Hasta el momento no existe una resolución judicial que determine que hubo direccionamiento de pacientes, beneficios económicos o alguna conducta irregular por parte de los funcionarios mencionados.
La Justicia deberá ahora evaluar la presentación y analizar la documentación aportada para establecer si existen elementos suficientes para impulsar la investigación. Mientras tanto, padres, abuelos y otros familiares continúan reclamando respuestas ante las demoras que aseguran enfrentar para recuperar el vínculo con los niños.