Fallo reaviva el debate sobre la fertilización post mortem en Argentina
Una reciente resolución de la Justicia de Chubut volvió a poner en agenda la necesidad de regular la fertilización post mortem en Argentina. El fallo autorizó a una mujer a continuar con un tratamiento de reproducción asistida iniciado junto a su esposo fallecido, en un caso que especialistas consideran novedoso por las particularidades del proyecto familiar.
La decisión fue adoptada por la jueza Ivana Wolansky, titular del Juzgado de Familia N°3 de Trelew, quien habilitó el descongelamiento y la transferencia embrionaria al considerar que la mujer pretendía continuar un proyecto de maternidad monoparental y no buscaba que el fallecido fuera reconocido legalmente como padre del futuro hijo.
La magistrada explicó que el caso debía analizarse desde el derecho de la mujer a la autonomía reproductiva, la vida privada y la libertad personal, al tratarse de una decisión vinculada a un proyecto familiar iniciado en vida junto a su pareja.
Un caso distinto a los antecedentes
Según la abogada de la demandante, Mónica Moon, el fallo amplía los criterios aplicados hasta ahora por la Justicia argentina. A diferencia de otros casos, la pareja no había recurrido a semen criopreservado ni contaba con embriones ya formados, sino que ambos habían decidido realizar un tratamiento mediante doble donación de gametos debido a problemas de fertilidad. El hombre falleció antes de concretarse la fecundación.
La resolución puso el foco en la voluntad procreacional de la pareja y en la continuidad del proyecto parental, más allá del origen genético de los gametos utilizados.
Un vacío legal que obliga a judicializar los casos
La fertilización post mortem no cuenta con una regulación específica en Argentina. Si bien el tema había sido contemplado en el anteproyecto del Código Civil y Comercial, ese capítulo fue eliminado antes de la sanción definitiva de la norma.
Como consecuencia, cada situación debe resolverse de manera individual en los tribunales. Según especialistas, existen alrededor de 13 antecedentes judiciales en el país: en diez oportunidades la práctica fue autorizada y en tres fue rechazada.
Uno de los casos llegó incluso a la Corte Suprema, que en 2024 dejó firme una sentencia que rechazó el uso de semen criopreservado de un hombre fallecido al considerar que no existía una manifestación expresa e inequívoca de voluntad para autorizar ese procedimiento.
Especialistas reclaman una ley
Abogados y especialistas en reproducción asistida coincidieron en que la ausencia de una normativa genera incertidumbre tanto para las familias como para los centros médicos.
Advirtieron que la legislación vigente no contempla situaciones cada vez más frecuentes, como el destino de embriones criopreservados tras una separación, el fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja o el abandono de los tratamientos.
En ese contexto, sostienen que una regulación permitiría brindar mayor seguridad jurídica, reducir la judicialización de estos casos y establecer criterios claros que garanticen tanto la autonomía reproductiva como la protección de los derechos de los futuros niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida.
