El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) reclamó al Gobierno nacional una intervención inmediata frente al anuncio de una nueva conexión marítima entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas, cuyo primer viaje estaría previsto para noviembre.
La organización remitió una carta documento al canciller Pablo Quirno y estableció un plazo de 72 horas para que se adopten medidas diplomáticas y administrativas. Desde la entidad sostienen que la legislación argentina vigente obliga al Estado a actuar ante actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en la plataforma continental sin autorización nacional.
Entre los principales planteos, el CECIM pidió que se aplique la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina. También mencionó el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad competente para intervenir en la aplicación de ese régimen.
El reclamo surgió luego de que el intendente de Punta Arenas, Claudio Radonich, informara sobre la futura puesta en marcha de la conexión marítima. Ante ese escenario, los excombatientes solicitaron que la Embajada argentina en Chile presente una protesta formal ante las autoridades chilenas y que, paralelamente, se realice una manifestación diplomática ante el Reino Unido.
La presentación también reclama el inicio de actuaciones contra Easter Island Naviera, Easter Island Logistics, Falkland Islands Development Corporation y otros actores que pudieran participar de la operación. Además, plantea impedir que puertos argentinos brinden asistencia o servicios vinculados con la cadena logística de esa ruta.
Otro de los pedidos apunta a los buques que naveguen hacia las Islas Malvinas. El CECIM pretende que se exija el cumplimiento del Decreto 256/2010 y que se revisen o den de baja las autorizaciones correspondientes cuando no se ajusten a la normativa argentina.
La entidad también solicitó que Cancillería comunique a organismos reguladores bursátiles las posibles consecuencias legales para las empresas involucradas y que el conflicto sea llevado a ámbitos internacionales.
En ese sentido, reclamó que la Argentina presente formalmente la situación ante las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, la CELAC y el MERCOSUR. Para el CECIM, la aplicación de las normas mencionadas no depende de una decisión política discrecional, sino que constituye una obligación para las autoridades nacionales.