El exvicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, volvió a referirse al radar instalado en Tierra del Fuego y sostuvo que el organismo que integraba no tuvo participación ni competencia para autorizar su funcionamiento. Sus declaraciones se produjeron después de haber brindado testimonio ante la comisión investigadora creada para analizar el caso.
López explicó que fue convocado precisamente por su responsabilidad institucional durante aquellos años y ante las versiones que atribuían algún tipo de participación a ENACOM. Según señaló, las competencias relacionadas con radares y órbitas satelitales habían quedado fuera del organismo desde una reorganización administrativa previa.
“ENACOM no era competente”
El exfuncionario sostuvo que la intervención de ENACOM fue mencionada erróneamente en algunas publicaciones y diferenció las facultades que tenía el organismo sobre servicios de telecomunicaciones de aquellas relacionadas específicamente con radares.
“ENACOM no era competente”, afirmó López. Explicó que el ente mantenía atribuciones sobre radiodifusión, telefonía e internet, pero no sobre radares ni posiciones orbitales. Por esa razón, sostuvo que el equipo instalado en Tierra del Fuego no debía solicitar una autorización al organismo mientras no prestara alguno de los servicios regulados por este.
En ese contexto, identificó a la entonces Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, dependiente de la estructura nacional, como el área que tuvo participación directa en el expediente. De acuerdo con su relato, esa dependencia otorgó inicialmente una autorización precaria, posteriormente la suspendió y finalmente decidió dejarla sin efecto.
Apuntó a una decisión de competencia federal
Uno de los puntos centrales de las declaraciones de López fue la responsabilidad que correspondía a cada jurisdicción. El exvicepresidente de ENACOM sostuvo que el procedimiento era una cuestión de competencia federal y consideró que la investigación debe concentrarse en determinar las circunstancias en las cuales fue otorgada aquella autorización.
“El único competente era la Secretaría de Innovación que delegó su competencia a la Subsecretaría de Telecomunicaciones”, afirmó. Aclaró que su consideración acerca de si debieron realizarse más consultas antes de otorgar el permiso constituye una opinión personal y no una conclusión jurídica.
López insistió en que una de las claves para reconstruir lo ocurrido es determinar por qué el funcionario responsable otorgó inicialmente el permiso, qué circunstancias provocaron posteriormente su suspensión y cuáles fueron los fundamentos para revocarlo definitivamente.
Defensa y Cancillería plantearon objeciones
Durante la entrevista, López reconstruyó también lo ocurrido después de aquella primera autorización. Según manifestó, el Ministerio de Defensa y Cancillería plantearon objeciones cuando el caso tomó estado público, tras lo cual el permiso fue suspendido y posteriormente revocado.
El exfuncionario situó el otorgamiento del permiso precario en noviembre de 2022 y explicó que posteriormente se produjo su suspensión y finalmente la cancelación definitiva de la autorización. “Hoy está denegado el permiso”, señaló.
Qué debería ocurrir si el radar estuviera funcionando
López diferenció además la revocación administrativa de una eventual acción destinada a retirar físicamente el equipamiento. Según explicó, la Provincia no fue quien autorizó la instalación y tampoco podría disponer unilateralmente su desmantelamiento al tratarse de propiedad privada.
Sostuvo que, de pretenderse avanzar con el decomiso o retiro, debería existir una actuación de la Justicia Federal. También afirmó que, de acuerdo con la situación administrativa que describió, el radar no debería encontrarse actualmente en funcionamiento.
“Si estuviera funcionando, está cometiendo un delito”, manifestó durante la entrevista, aunque aclaró que habla desde Buenos Aires y que cualquier procedimiento sobre el lugar debe realizarse a través de las autoridades correspondientes.
Dijo que Nación puede inspeccionarlo
Más allá de un eventual desmantelamiento, López aseguró que el Gobierno nacional cuenta con facultades para realizar una inspección técnica y verificar la situación actual del equipamiento.
Según explicó, las áreas técnicas nacionales podrían efectuar esa inspección sin necesidad de una orden judicial. Una instancia judicial sería necesaria posteriormente si se comprobara una situación que requiriera actuar sobre la propiedad o adoptar otras medidas.
“Se supone que por lo que está escrito, eso fue anulado y no puede estar en funcionamiento”, sostuvo el exvicepresidente de ENACOM.
De esta manera, López ubicó el eje de la investigación en las decisiones adoptadas por las dependencias nacionales que tuvieron competencia sobre el radar. Para el exfuncionario, reconstruir quién otorgó el permiso precario, por qué fue concedido y cuáles fueron las razones que posteriormente llevaron a suspenderlo y revocarlo resulta fundamental para determinar qué ocurrió durante todo el procedimiento.