En Tierra del Fuego un jubilado necesita el doble de sus ingresos para llenar el changuito
La situación de los adultos mayores en Argentina continúa mostrando una brecha alarmante entre ingresos y costos de vida. Según cálculos de especialistas, la llamada “canasta del jubilado” alcanzó en abril de 2025 los $1.200.523 y, con las actualizaciones posteriores, se estima que hoy ronda los $1.270.000.
Frente a este escenario, el haber mínimo nacional informado para agosto es de $314.305,37. Incluso sumando el bono extraordinario de $70.000, la cifra asciende a $384.305,37: todavía muy lejos de lo que demandan los gastos básicos. La diferencia negativa supera los $816.000 respecto de abril y se estira a casi $886.000 con la proyección actualizada.
Un ingreso que se achica frente a la inflación
En términos prácticos, un jubilado que percibe la mínima con bono logra cubrir apenas el 32% de la canasta medida en abril; sin ese refuerzo, la cobertura desciende al 26,2%. En otras palabras: las jubilaciones más bajas permiten afrontar poco más de un cuarto de lo que realmente cuesta vivir.
El caso fueguino: la vida más cara en el extremo sur
El panorama es todavía más duro en Tierra del Fuego. Allí, un “changuito tipo” se valuó en $751.937 en julio de este año. Con el bono incluido, un jubilado mínimo alcanza a cubrir apenas el 51% de esa cifra, y eso sin sumar medicamentos, transporte ni servicios básicos, rubros que suelen pesar más en los adultos mayores.
Salud y medicamentos: el golpe más fuerte
Los mayores gastos recaen en tratamientos médicos y remedios. Entre 2024 y 2025 algunos canastos de medicamentos aumentaron hasta 383%. La quita del 100% de cobertura por parte de PAMI agudizó el problema: cada ajuste o faltante se traslada directamente al bolsillo de los jubilados. A esto se añaden los cuestionamientos por compras con sobreprecios, que encarecen aún más el acceso a la salud.
La mirada de los especialistas
La referente previsional Mirta Tundis advierte que los jubilados no son un “sector pasivo” sino un motor de consumo que sostiene al comercio, a los servicios y al sistema sanitario. En su lectura, los aumentos de los últimos meses no constituyen mejoras genuinas, sino compensaciones parciales frente a lo ya perdido. Con la fórmula de movilidad anterior, asegura, la mínima estaría en torno a $430.000 y no en $314.305.
La especialista también apunta al verdadero origen del déficit: la elevada informalidad laboral. De los casi 18 millones de personas en edad de aportar, menos de la mitad efectivamente lo hace, lo que erosiona el sistema antes que el gasto jubilatorio.
Moratorias y derechos laborales truncos
En relación a las moratorias, Tundis defendió su continuidad. Lejos de ser un “regalo”, quienes acceden pagan cuotas que se actualizan con cada aumento. La mayoría de los beneficiarios tiene más de una década de aportes pero quedó afuera del sistema por crisis o desempleo. Cancelarlas sería desconocer la realidad laboral de gran parte del país.
Un electorado desilusionado
La especialista subraya también un efecto político: aproximadamente la mitad de los jubilados aún confía en que habrá mejoras, pero la otra mitad se siente defraudada e, incluso, resignada a no participar en los próximos comicios. Esta desafección social es, según ella, tan preocupante como la crisis económica.
Conclusión: entre la resignación y la urgencia de cambios
En síntesis, mientras los jubilados siguen sosteniendo parte del consumo formal, desde la política se los sigue tratando como un gasto a reducir. La crisis previsional no es un tema del futuro: ya impacta en las calles, en las farmacias y en los hogares que no llegan a cubrir lo esencial.
En Tierra del Fuego, donde el costo de vida es de los más altos del país, la distancia entre ingresos y necesidades es todavía más evidente. Allí se expone con crudeza lo que debería ser una prioridad urgente de cualquier gestión: garantizar que después de décadas de trabajo, los mayores puedan vivir con dignidad.