Empleados legislativos reclaman poder elegir el banco donde cobrar sus sueldos
La Asociación del Personal de la Legislatura (APEL) presentó una nota formal a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, en la que solicita que los trabajadores legislativos tengan la posibilidad de percibir sus haberes en una entidad bancaria distinta al Banco de Tierra del Fuego (BTF).
El pedido, encabezado por el secretario general Jorge Brua, surge a partir de reclamos de afiliados interesados en acceder a créditos hipotecarios y beneficios financieros que la banca provincial no ofrece actualmente. Según explicó el dirigente, más de un centenar de empleados acompañaron la solicitud con su firma.
“No se trata de una medida contra nadie, sino de un reclamo por el derecho de los trabajadores a elegir dónde cobrar. Tenemos más de 40 CBU presentados en Recursos Humanos de afiliados que quieren percibir sus haberes en el Banco Nación”, señaló Brua en diálogo con Radio Provincia.
El titular de APEL aclaró que no existe ninguna disposición del Banco Central que obligue a los empleados públicos a cobrar sus sueldos en una entidad determinada. En ese sentido, sostuvo que el artículo 72 de la Constitución provincial, que establece al BTF como “caja obligada del Estado”, se refiere a las instituciones y no a los trabajadores:
“El Estado tiene la obligación de operar con su banco oficial, pero los empleados son propietarios de sus haberes los 365 días del año”, remarcó.
El gremio argumenta que el Banco Nación ofrece actualmente créditos hipotecarios, planes de pago en cuotas y descuentos comerciales que no se encuentran disponibles en el BTF. Por eso, piden que cada agente tenga la libertad de optar por la entidad financiera que más le convenga.
Brua también recordó que esta gestión gremial no es nueva, sino que forma parte de un proceso iniciado a comienzos del año, cuando un afiliado solicitó poder cobrar su salario en otra entidad para tramitar un crédito habitacional. “A partir de ese caso, se multiplicaron las consultas y pedidos formales”, indicó.
El dirigente adelantó que, de no prosperar la solicitud, el sindicato podría recurrir a la vía judicial para garantizar el derecho de libre elección bancaria:
“Defendemos los derechos de nuestros afiliados. Si tenemos que judicializar el reclamo, lo haremos”.
Desde APEL señalaron además que otras instituciones públicas ya permiten alternativas bancarias, como la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Río Grande, que operan con el Banco Macro, o el Tribunal de Cuentas, donde algunos empleados cobran a través de otras entidades.
Finalmente, Brua subrayó que el planteo “no busca confrontar con el Gobierno ni con el Banco de Tierra del Fuego”, sino promover mejores condiciones financieras para los trabajadores.
“Queremos que se respete la decisión de cada empleado y que todos puedan acceder a oportunidades que hoy no están disponibles en el banco provincial”, concluyó.