El Superior Tribunal de Justicia se alista para reactivar la reforma constitucional en un clima social adverso
En un contexto de crisis económica y creciente desconfianza hacia la política, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se encuentra próximo a resolver una de las controversias institucionales más relevantes de la provincia: la reactivación del proceso de reforma constitucional.
Luego de ocho meses de suspensión, el máximo órgano judicial está en condiciones de levantar la medida cautelar que frenó el llamado a elecciones para la elección de los 15 convencionales constituyentes. Dicha votación, originalmente programada para noviembre de 2024, fue interrumpida de forma expedita tras una presentación realizada por el legislador Jorge Lechman.
La reciente validación del Decreto 1656/24 por parte del juez penal Sergio Pepe despeja los últimos obstáculos legales, lo que habilitaría al STJ a emitir una resolución inminente. Con ello, el Gobierno de Gustavo Melella recuperaría una herramienta institucional clave para avanzar con el proceso reformista impulsado desde su bloque legislativo.
Sin embargo, el panorama social plantea serios desafíos. La iniciativa no cuenta con un respaldo visible en la ciudadanía y, hasta el momento, no ha sido acompañada por un debate público que permita comprender su alcance o necesidad. La falta de consenso y el desinterés generalizado contrastan con la voluntad del oficialismo de avanzar en una reforma que, para muchos, parece responder más a motivaciones políticas que a una demanda social concreta.
Durante los meses de impasse, el Ejecutivo provincial consolidó su poder con movimientos estratégicos en la Legislatura, donde logró alineamientos con figuras de peso como Myriam Martínez, Federico Sciurano y Victoria Vuoto. Asimismo, tuvo participación clave en definiciones dentro del Consejo de la Magistratura y el propio STJ.
Ahora, con la cautelar a punto de quedar sin efecto, el Gobierno estaría en condiciones de retomar la iniciativa. El interrogante que se abre es si, más allá de la validación judicial, el proceso podrá construirse con legitimidad política y social suficiente para concretar una reforma que hoy no despierta entusiasmo ni convicción en buena parte de la sociedad fueguina.