El Senado en la mira: podrían duplicarse las dietas si no se renueva el congelamiento
A partir del próximo lunes 31 de marzo, los senadores nacionales podrían comenzar a cobrar hasta 9 millones de pesos mensuales, si no se renueva el decreto que mantiene congeladas sus dietas desde agosto del año pasado. La decisión, según se anticipó, quedará en manos del propio cuerpo legislativo, ya que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, no volvería a firmar un nuevo decreto de prórroga.
La situación genera tensión en la Cámara alta, especialmente en la previa de una semana clave en la que también se debatirá el tratamiento de los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Villarruel había prorrogado a principios de este año el decreto 27/24 que congeló las dietas de los senadores hasta el 31 de diciembre de 2024, decisión tomada luego de que el aumento salarial aprobado en abril pasado, en sintonía con la paritaria del personal del Congreso, generara fuerte rechazo público. En aquella oportunidad, los legisladores elevaron sus ingresos a unos 4,5 millones de pesos mediante un nuevo esquema de módulos, y sumaron un plus equivalente a un “aguinaldo legislativo”.
El objetivo de la vicepresidenta es que el congelamiento se extienda durante todo 2025 y que se revierta el mecanismo de actualización automática por paritaria, el cual fue aprobado de forma exprés y sin debate. La intención es que el tema sea tratado en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, para que el eventual desenganche y congelamiento cuenten con el respaldo explícito del pleno.
Sin embargo, si no se adopta ninguna resolución antes del cierre del mes, los senadores podrían ver duplicadas sus dietas, alcanzando cifras que rondarían los 9 millones de pesos. La liquidación de haberes correspondientes a mayo comienza a mitad de abril, por lo que hay un margen acotado para evitar el impacto de un posible aumento.
El tema vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los ingresos en el Poder Legislativo, en un contexto de crisis económica y fuertes recortes presupuestarios en otras áreas del Estado.