El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego concluyó una auditoría integral sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), el sistema de Acogimiento Familiar y el circuito de deudas existente entre la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y diferentes dependencias provinciales. El relevamiento expuso problemas administrativos, demoras en los pagos, deficiencias en los sistemas de información y un creciente impacto económico sobre la obra social.
Uno de los principales datos surgidos del informe corresponde al costo de las prestaciones destinadas a beneficiarios del RUPE. Solamente durante el primer semestre de 2025, OSEF afrontó consumos por aproximadamente $4.392 millones. De ese monto, cerca de $4.165 millones estuvieron vinculados con RUPE Discapacidad, equivalente a alrededor del 95% del total analizado. Otros $225 millones correspondieron a RUPE Vejez y cerca de $1,7 millones al régimen de Acogimiento Familiar.
El análisis también mostró que entre julio de 2022 y junio de 2025 estuvieron activos 1.028 beneficiarios, mientras que 834 permanecían dentro del sistema al finalizar el período relevado. Los especialistas señalaron que el incremento está concentrado principalmente en personas con discapacidad y que se observa el ingreso de beneficiarios cada vez más jóvenes, una característica que podría extender durante años la demanda sobre el sistema prestacional.
Esta situación adquiere especial importancia para las cuentas de OSEF debido a que el mecanismo específico destinado a financiar estas coberturas apenas alcanza para afrontar entre el 0,9% y el 1,2% del gasto. En consecuencia, prácticamente la totalidad de los recursos restantes debe ser aportada desde el Tesoro provincial. La auditoría también determinó que casi el 90% de la facturación recuperable emitida por la obra social corresponde al Ministerio de Bienestar Ciudadano y que esos montos crecieron un 245% durante el período estudiado.
Sin embargo, los recursos transferidos mensualmente no acompañaron ese crecimiento. Según el organismo de control, aun con los anticipos financieros puestos en marcha desde 2024, las sumas ingresadas se mantuvieron por debajo de las prestaciones facturadas, profundizando el desequilibrio operativo. Al mismo tiempo, fueron detectadas demoras superiores a los seis meses en algunos procesos de revisión y aprobación realizados por el Ministerio de Bienestar.
La auditoría también puso bajo análisis las deudas vinculadas con los hospitales públicos. Al 30 de junio de 2025, OSEF figuraba como el principal deudor de los efectores sanitarios provinciales, con créditos pendientes por aproximadamente $5.845 millones. En este circuito se observaron retrasos en las auditorías, documentación incompleta, ausencia de procedimientos formalizados y registraciones contables efectuadas fuera de término.
Particularmente, en el Hospital Regional Ushuaia se cuestionó la aplicación de una reducción del 30% sobre determinadas prestaciones incluso cuando los pagos no habían sido efectuados dentro de los plazos previstos. Para el Tribunal, esa metodología no se correspondía con el nomenclador vigente y había generado una subvaluación de créditos superior a los $196 millones.
El informe también describió deficiencias dentro de la propia OSEF. Entre ellas aparecen procedimientos de afiliación, facturación y recupero que no cuentan con aprobación formal, utilización de planillas de cálculo como herramientas centrales de gestión, sistemas informáticos que no están plenamente integrados y montos susceptibles de recupero que no llegaron a facturarse. Además, se señaló la falta de una intervención sistemática de la Auditoría Interna.
Otro problema identificado es la inexistencia de un mecanismo permanente de conciliación y compensación de obligaciones entre la obra social y las distintas áreas del Ejecutivo. Esto provocó diferencias entre registros contables, dificultades para conocer con precisión las deudas reales y acumulación de saldos durante varios ejercicios. Incluso, a más de dos años de la creación de una comisión destinada a estudiar la deuda histórica, aún no se había establecido definitivamente cuánto se adeudaba a OSEF al 31 de diciembre de 2023.
En cuanto al funcionamiento del RUPE, el Tribunal advirtió además una normativa fragmentada, carencia de una reglamentación integral y ausencia de procedimientos claramente establecidos para distribuir responsabilidades entre los organismos involucrados. Para los especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo que participaron del estudio, el crecimiento del consumo prestacional tiene características “estructurales y progresivas”, por lo que requiere medidas permanentes de financiamiento, administración y control.
Ante las irregularidades y debilidades detectadas, el Tribunal de Cuentas emitió más de 40 recomendaciones. OSEF, los ministerios de Bienestar Ciudadano y Salud, la Contaduría General y otras dependencias deberán presentar planes de acción dentro de un plazo de diez días para subsanar aquellas situaciones que puedan afectar el control externo. Las medidas correctivas deberán estar en condiciones de implementarse en un período máximo de dos meses.