El Registro Automotor N° 1 volvió a abrir sus puertas en Río Grande tras una intervención nacional
Después de más de dos meses sin actividad, el Registro de la Propiedad Automotor N° 1 de Río Grande fue finalmente intervenido por autoridades nacionales, que designaron como interventor normalizador al contador Leonardo Olgiati. La medida busca restablecer el funcionamiento de una oficina clave para la realización de trámites vinculados a la compra y venta de vehículos.
Durante el extenso período de cierre, numerosos vecinos quedaron imposibilitados de avanzar con sus gestiones, mientras que el personal del organismo atravesó serias dificultades para cobrar sus salarios en tiempo y forma. La paralización del servicio generó malestar y preocupación entre usuarios y trabajadores.
El pasado lunes, las oficinas reabrieron al público y comenzaron a atender la larga lista de trámites pendientes de compradores y vendedores de automotores. Muchos de esos expedientes incluían documentación que había quedado retenida de manera irregular por el anterior titular del Registro, lo que agravó la situación de quienes esperaban respuestas.
Solo en la primera jornada de reapertura se recepcionó más de un centenar de trámites acumulados, reflejo de la demanda contenida durante estos meses. Desde la intervención remarcan que se trata de un servicio esencial, de carácter nacional, que no puede permanecer restringido por decisiones individuales o conflictos internos.
Olgiati indicó que el proceso de normalización no tiene por ahora un plazo definido, aunque aseguró que cuenta con el apoyo de personal proveniente de otros registros de la ciudad para acelerar la reorganización administrativa y la atención al público.
El interventor también confirmó que se avanzará en la reincorporación de algunos de los trabajadores que se desempeñaban en el Registro N° 1 y que habían sido despedidos en su totalidad por el anterior responsable.
En paralelo, continúa en marcha el proceso judicial laboral iniciado por esos ex empleados, quienes en su gran mayoría siguen desvinculados y sin percibir la indemnización que reclaman al antiguo titular del organismo.