La intervención del puerto de Ushuaia sumó un nuevo frente judicial luego de que el Juzgado Federal, a cargo de Federico Calvete, notificara a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para que responda una presentación realizada por trabajadores que denuncian restricciones laborales y sindicales desde el inicio de la medida nacional.
La acción fue impulsada por representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) y apunta principalmente a cuestionar la prohibición de ingreso que alcanzó a parte del personal. Según explicó la secretaria general del gremio en Tierra del Fuego, Daniela Almada, el acceso comenzó a depender de una nómina confeccionada tras la intervención. “Nos fuimos un día, podíamos ingresar normalmente, y al otro día estaba bloqueado el ingreso. No hubo explicaciones”, sostuvo.
El abogado Manuel Raimbault, patrocinante de la presentación, señaló que el reclamo busca que se restituyan las condiciones laborales previas, se garantice el ejercicio de la actividad sindical y se determine si existieron medidas discriminatorias contra empleados y dirigentes gremiales. También remarcó que los representantes con tutela sindical no pueden ser apartados de sus funciones sin una resolución judicial que lo autorice.
Dentro del expediente también fueron incorporados cuestionamientos sobre el funcionamiento administrativo de la terminal. Raimbault afirmó que la exclusión de trabajadores de planta no solo tiene consecuencias laborales, sino que también reduce los mecanismos internos de control sobre decisiones, contrataciones y movimientos administrativos que posteriormente pueden ser revisados por organismos provinciales.
“Hoy el puerto es una zona libre de normatividad y de derechos laborales. No hay libertad sindical, no hay convenio colectivo aplicable y tampoco hay derecho público ni control”, manifestó el abogado, quien llegó a calificar la situación como “un santuario de arbitrariedad”.
Otro de los puntos que preocupa al sindicato está relacionado con los recursos económicos. Almada aseguró que los salarios continúan abonándose con partidas que originalmente estaban destinadas a obras e infraestructura de la Dirección Provincial de Puertos. De acuerdo con su planteo, esos fondos se consumen mientras la recaudación generada por la actividad portuaria no volvería de la misma manera a las cuentas provinciales. “Ese fondo se sigue gastando y en algún momento nos vamos a quedar sin”, advirtió.
Como medida cautelar, la presentación solicita que los representantes sindicales puedan regresar a sus lugares de trabajo. De manera alternativa, se plantea que ANPyN transfiera a la Dirección Provincial de Puertos los ingresos obtenidos por la operatoria para garantizar, entre otras obligaciones, el pago de los salarios. La demanda también pone bajo discusión si una intervención dispuesta desde Nación puede modificar condiciones laborales y administrativas establecidas por normativa provincial.
La causa analiza además cómo se instrumentó la intervención del 21 de enero. Raimbault sostuvo que existen elementos que deberán esclarecer si las autoridades nacionales comenzaron a impartir instrucciones dentro de la terminal antes de que la medida estuviera formalmente operativa. “O es falso lo que firmaron en Buenos Aires o ya estaban adentro del puerto antes de que la intervención fuera operativa”, cuestionó.
Almada, en tanto, lamentó la falta de respuestas políticas durante los últimos meses. Destacó el acompañamiento inicial de distintos sectores gremiales y de la CGT, pero consideró que posteriormente disminuyó el respaldo institucional. “El silencio institucional que se vive desde la mayoría de las aristas es sumamente desalentador”, expresó.
Ahora será ANPyN quien deberá contestar formalmente el planteo. En caso de que el organismo nacional desconozca los hechos denunciados, el juez Calvete podrá disponer la producción de pruebas para establecer cómo se implementaron las restricciones, si existió discriminación contra trabajadores y bajo qué marco legal se adoptaron las decisiones. Al tramitarse mediante una acción de amparo, los plazos procesales serán más acotados antes de que la Justicia quede en condiciones de resolver.