El Poder Judicial solicitó más de $144 mil millones para 2027, casi $40 mil millones más que este año

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El Poder Judicial de Tierra del Fuego proyecta un presupuesto de $144.845 millones para 2027, lo que representa un incremento cercano al 38% respecto de los aproximadamente $105 mil millones previstos para el ejercicio 2026. La propuesta fue presentada este miércoles ante la Legislatura provincial e incluye recursos destinados al funcionamiento de los tribunales, incorporación de tecnología, mejoras edilicias y ampliación de los servicios judiciales.

El monto solicitado equivale al 5,28% del presupuesto general de la Provincia y contempla tanto los gastos operativos como las inversiones necesarias para sostener la estructura judicial en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Entre las prioridades aparecen nuevos espacios de atención, obras de infraestructura y herramientas tecnológicas destinadas a modernizar el funcionamiento de la Justicia.

La presentación estuvo encabezada por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, durante una reunión de la Comisión de Economía N.º 2 de la Legislatura, presidida por el legislador Juan Matías Lapadula.

Durante su exposición, Battaini planteó que el crecimiento de las demandas judiciales obliga a revisar permanentemente los recursos disponibles y las condiciones en las que se presta el servicio. En ese sentido, sostuvo que el presupuesto debe permitir avanzar en la modernización de los procedimientos, mejorar la atención a los ciudadanos y garantizar el funcionamiento de las distintas dependencias.

Uno de los ejes centrales del proyecto está relacionado con la incorporación de tecnología. La presidenta del Superior Tribunal explicó que la transformación digital no solamente requiere adquirir equipamiento y desarrollar nuevas herramientas, sino también afrontar los costos de mantenimiento y garantizar la protección de la información judicial.

En particular, hizo referencia a la necesidad de resguardar los datos vinculados con expedientes y causas en trámite, además de implementar sistemas que permitan agilizar las tareas administrativas y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales.

En materia de infraestructura, el proyecto contempla la construcción de un edificio destinado a la Fiscalía y la Defensoría de Tolhuin, con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionamiento de ambas dependencias y ampliar la capacidad de atención.

Otra de las iniciativas previstas es la instalación de una sede de atención judicial en Puerto Almanza, desde donde se buscará facilitar el acceso a distintos servicios mediante canales de atención adaptados a las necesidades de esa comunidad.

También se incluye la refacción de inmuebles existentes, entre ellos el edificio ubicado en la intersección de Gobernador Paz y Fadul, como parte de las mejoras edilicias proyectadas para el próximo ejercicio.

Battaini destacó además la adquisición de un inmueble destinado a la Dirección Pericial, una medida que permitirá contar con instalaciones propias para desarrollar tareas especializadas y reducir gastos asociados a prácticas y procedimientos que actualmente deben realizarse fuera de la estructura judicial.

La funcionaria también puso el acento en las condiciones laborales de magistrados, funcionarios y empleados. En ese marco, mencionó la creación de un espacio de Bienestar Laboral destinado a brindar acompañamiento confidencial ante situaciones que puedan afectar al personal.

«Estamos convencidos de que debemos brindarnos apoyo entre las distintas áreas para colaborar con nuestra gente, de manera que pueda trabajar con tranquilidad, comodidad y en un ambiente más pacífico», expresó Battaini.

La iniciativa funcionará de manera articulada con las áreas de Talento Humano y Recursos Humanos, con el propósito de fortalecer el acompañamiento institucional y mejorar el ambiente de trabajo.

Por su parte, el administrador del Poder Judicial, Fabián Pastorino, presentó información sobre la ejecución presupuestaria correspondiente a 2026 y explicó la distribución de los recursos solicitados para el próximo año.

El funcionario señaló que la participación del Poder Judicial dentro del presupuesto provincial se mantiene en niveles similares a los registrados en ejercicios anteriores, pese al incremento nominal de los fondos requeridos.

En términos económicos, la diferencia entre ambos ejercicios ronda los $39.845 millones, aunque el crecimiento presupuestario deberá analizarse también en relación con la evolución de los costos de funcionamiento, las remuneraciones y las inversiones proyectadas.

De la reunión participaron además el secretario de Superintendencia y Administración, Luis María Palma; la subadministradora Paula Abbene; y los integrantes del área contable Facundo Correa y Luciana Paz.

También estuvieron presentes los legisladores Federico Greve, Damián Löffler, Jorge Lechman y Juan Carlos Pino, quienes participaron del tratamiento de la propuesta dentro del análisis del Presupuesto provincial 2027.

Con la presentación realizada ante la Comisión de Economía, el Poder Judicial dejó planteadas sus necesidades financieras para el próximo año. La propuesta deberá continuar su tratamiento legislativo, en un escenario en el que la asignación de recursos será determinante para definir las obras, inversiones y proyectos de modernización que podrán concretarse durante 2027.