El debate por la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal sumará un nuevo capítulo en agosto, cuando el Congreso analice proyectos impulsados por el peronismo para excluir a funcionarios y personas políticamente expuestas de los beneficios del régimen.
Las iniciativas fueron presentadas por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés. Ambos proponen impedir que quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos, junto a sus familiares directos, puedan acceder al Régimen Simplificado de Ganancias o a futuros blanqueos de capitales.
Salino argumentó que quienes ejercen funciones públicas deben estar sujetos a mayores controles de transparencia y vinculó su iniciativa con la adhesión al régimen por parte del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, en medio de denuncias judiciales.
En la misma línea, Valdés sostuvo que permitir el ingreso de funcionarios a este tipo de beneficios «contradice principios básicos de transparencia» y podría favorecer maniobras de ocultamiento patrimonial.
Mientras tanto, el Gobierno avanza con una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal que busca ampliar el alcance del régimen y facilitar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal de la economía. Entre los cambios previstos se encuentran la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio, mayores garantías para los contribuyentes y la posibilidad de exteriorizar fondos hasta el 31 de diciembre de 2027.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa al considerar que permitirá brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y fomentar la formalización de capitales. Las modificaciones serán enviadas al Congreso en los próximos días y prometen abrir un intenso debate legislativo.