El peronismo impulsa cambios para excluir a funcionarios de la Ley de Inocencia Fiscal
El debate por la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal sumará un nuevo capítulo en agosto, cuando el Congreso analice proyectos impulsados por el peronismo para excluir a funcionarios y personas políticamente expuestas de los beneficios del régimen.
Las iniciativas fueron presentadas por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés. Ambos proponen impedir que quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos, junto a sus familiares directos, puedan acceder al Régimen Simplificado de Ganancias o a futuros blanqueos de capitales.
Salino argumentó que quienes ejercen funciones públicas deben estar sujetos a mayores controles de transparencia y vinculó su iniciativa con la adhesión al régimen por parte del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, en medio de denuncias judiciales.
En la misma línea, Valdés sostuvo que permitir el ingreso de funcionarios a este tipo de beneficios «contradice principios básicos de transparencia» y podría favorecer maniobras de ocultamiento patrimonial.
Mientras tanto, el Gobierno avanza con una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal que busca ampliar el alcance del régimen y facilitar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal de la economía. Entre los cambios previstos se encuentran la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio, mayores garantías para los contribuyentes y la posibilidad de exteriorizar fondos hasta el 31 de diciembre de 2027.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa al considerar que permitirá brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y fomentar la formalización de capitales. Las modificaciones serán enviadas al Congreso en los próximos días y prometen abrir un intenso debate legislativo.
