La puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la edad de imputabilidad desde los 14 años, implicará para Tierra del Fuego cambios en su estructura judicial, capacitación de personal y la creación o adaptación de espacios específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal.
El juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, calificó la nueva legislación como un “cambio paradigmático” respecto de la anterior Ley 22.278, aunque sostuvo que uno de los principales interrogantes pasa por los recursos que necesitará la provincia para cumplir con los estándares establecidos.
El costo de implementar el nuevo sistema
“El tema central y preocupante es la implementación, porque eso va a tener un costo financiero, hay estándares que impone la ley que hay que cumplir, que a la provincia le van a significar hacer erogaciones”, manifestó Löffler en declaraciones a Radio Provincia Ushuaia.
Uno de los puntos que deberá resolver Tierra del Fuego será cómo organizar la intervención judicial. Actualmente existen tribunales colegiados conformados para estos casos, pero la provincia tendrá que definir si mantiene esa modalidad o establece una nueva estructura.
“Hay que ver si se toma la decisión de crear un único tribunal en toda la provincia, si va a ser unipersonal, va a ser colegiado”, explicó el magistrado, quien remarcó que esa organización quedará bajo regulación provincial.
Nuevos profesionales y capacitación
La implementación también requerirá fiscales, defensores y personal especializado. Entre las figuras previstas aparece la del supervisor, encargado de acompañar al juez en el seguimiento de los adolescentes y elaborar informes periódicos.
Löffler remarcó además que jueces, fiscales, defensores y supervisores deberán contar con capacitación específica en materia penal juvenil.
Para el magistrado, antes de definir la estructura será necesario establecer cuánto dinero demandará su funcionamiento. En ese sentido, consideró que Nación debería acompañar económicamente a las jurisdicciones: “Está transfiriendo servicios, poniendo en cabeza de las provincias servicios y debería transferir los recursos pertinentes para atender esos servicios”.
La legislación contempla $23.760 millones hasta fin de año para avanzar con el nuevo régimen a nivel nacional. Löffler puso en duda que esos fondos resulten suficientes para cubrir las necesidades de todas las provincias.
Tierra del Fuego deberá adaptar su sistema penal
Otro desafío será la situación procesal de Tierra del Fuego. Löffler señaló que es la única provincia que continúa utilizando un sistema penal mixto y planteó la necesidad de avanzar con una reforma integral del Código Procesal Penal para incorporar los mecanismos exigidos por la nueva legislación.
También deberán existir establecimientos preparados específicamente para alojar y tratar a adolescentes alcanzados por el régimen. La normativa establece que los menores no podrán permanecer alojados junto a personas adultas privadas de su libertad.
Para Löffler, el camino en Tierra del Fuego podría pasar por una “reingeniería” de las estructuras actuales, buscando adecuarlas al nuevo sistema sin tener que construir desde cero todo un nuevo aparato judicial y penitenciario.