El municipio de Río Grande desafía la resolución que recorta 800 millones de pesos en fondos
La secretaria de Finanzas Públicas de Río Grande, Valeria Capotorto, expresó su firme oposición a una resolución emitida por el gobierno provincial que recortaría 800 millones de pesos de los fondos destinados a la ciudad. Este recorte, según Capotorto, representa un impacto financiero significativo para las arcas municipales, y la funcionaria ya ha tomado medidas legales y administrativas para impugnar la decisión.
La controversia surge por un ajuste en el coeficiente de coparticipación, aprobado a través de una resolución ministerial del ministro de Economía de la provincia, que afecta directamente a los recursos de Río Grande. Capotorto explicó que, según la resolución, se disminuirían los fondos de la ciudad debido a una modificación en dicho coeficiente, lo que implicaría una pérdida de aproximadamente 800 millones de pesos. “Esto no es una opinión, sino un dato concreto, ya que la resolución ministerial así lo estipula», declaró la funcionaria.
La medida se basa en una interpretación de los recursos generados por los intereses de los fondos colocados en plazo fijo por el municipio, una práctica que, según Capotorto, es completamente legal y necesaria en el contexto económico actual. La funcionaria defendió la decisión de la Tesorería Municipal de generar estos ingresos adicionales para proteger el poder adquisitivo de la ciudad ante la inflación. «Si no hubiéramos generado esos fondos, nuestros pesos se habrían desvalorizado», sostuvo.
Frente a este escenario, la administración municipal ya ha interpuesto un recurso jerárquico para que el gobernador de la provincia revise la resolución ministerial. «Interpusimos un recurso jerárquico y presentamos un informe técnico en el marco de la Ley 141», explicó Capotorto, detallando que esta es una medida preliminar antes de considerar una acción judicial más contundente si fuera necesario.
Además, la funcionaria destacó que, según la legislación provincial, los intereses generados por colocaciones financieras son legales y pueden destinarse a obras públicas. «La propia Legislatura autorizó el uso de estos intereses para financiar obras», señaló, defendiendo la legalidad de las decisiones del municipio en cuanto a la gestión de los recursos. Capotorto recalcó que la Tesorería tiene la obligación de proteger estos fondos, y que no hacerlo habría sido una mala gestión de los recursos públicos.
En caso de que la resolución se mantenga en su forma actual, Río Grande está dispuesto a llevar el caso al Superior Tribunal de Justicia para asegurar la defensa de los intereses municipales. «Estamos preparados para agotar todas las vías legales y judiciales que sean necesarias», concluyó Capotorto.