El Gobierno reglamentó el régimen para incentivar la formalización laboral
El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un esquema previsto en la Ley N.º 27.802 que busca promover la incorporación de trabajadores al empleo registrado en el sector privado.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 315/2026 y establece las condiciones, plazos y beneficios para su implementación. Las empresas que adhieran deberán registrar a los trabajadores ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El régimen contempla una reducción significativa de las contribuciones patronales durante 48 meses: las alícuotas, que actualmente oscilan entre el 18% y el 20,4%, se unifican en un 5% durante ese período.
Podrán ser incorporadas bajo este esquema personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados en los seis meses previos a su contratación, monotributistas y también trabajadores del sector público. Además, se permite que los beneficiarios mantengan ingresos provenientes de otras actividades.
En cuanto a las empresas, aquellas que incorporen personal bajo este régimen luego del 10 de diciembre de 2025 podrán incluir hasta el 80% de su nómina en el RIFL. En otros casos, no habrá límites.
El decreto también establece restricciones: no podrán ser contratados bajo este esquema trabajadores que hayan tenido vínculo laboral con la misma empresa en los últimos 12 meses.
Por otra parte, se mantiene el pago de contribuciones diferenciales en sectores específicos, como el petrolero y el eléctrico. Asimismo, el aporte al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá vigente y deberá abonarse por separado de la alícuota reducida.
El incumplimiento de las condiciones del régimen implicará la pérdida de los beneficios y la obligación de regularizar las contribuciones no abonadas, con intereses y sanciones.
Aunque el RIFL apunta a fomentar nuevas contrataciones, no está diseñado específicamente como un mecanismo de blanqueo laboral, que aún espera su reglamentación en otros apartados de la reforma.