El Gobierno provincial presentó una acción judicial para frenar la intervención del Puerto de Ushuaia
La Provincia demandó la inconstitucionalidad de la medida adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y solicitó el cese inmediato de la intervención.
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur interpuso una acción judicial de inconstitucionalidad contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) con el objetivo de dejar sin efecto la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia, al considerar que vulnera la autonomía provincial y el régimen federal.
La demanda fue presentada ante la Justicia Federal por la Secretaría Legal de Gobierno y cuestiona la Resolución RESOL-2026-4-APN-ANPYN#MECON, a la que el Ejecutivo provincial califica como una usurpación de atribuciones soberanas. Desde el Gobierno fueguino sostienen que la medida carece de sustento legal y viola tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial.
Según se detalla en la presentación, la intervención se produjo de manera sorpresiva la noche del 20 de enero de 2026, cuando funcionarios de la ANPyN tomaron posesión de las instalaciones portuarias mediante una notificación formal, desplazando a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) sin presentar un plan operativo que garantizara el normal funcionamiento del puerto.
Entre los principales argumentos jurídicos, la Provincia señala que la medida constituye una intervención federal encubierta, ya que no fue dispuesta mediante una ley del Congreso, tal como lo exige el procedimiento constitucional. Asimismo, se invoca el Convenio de transferencia de puertos Nación–Provincia de 1992, ratificado por ley, que otorgó a Tierra del Fuego el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia.
Otro de los puntos centrales de la demanda es la centralización de la facturación de los servicios portuarios en una cuenta nacional, lo que, según el Ejecutivo fueguino, genera un sistema financiero paralelo que sustrae recursos provinciales, impide el control del Tribunal de Cuentas y pone en riesgo puestos de trabajo vinculados a la actividad portuaria.
Además, se acusa a la ANPyN de exceso y desviación de poder, al haber avanzado sobre funciones de administración directa que exceden las facultades de control y fiscalización previstas en la Ley Nacional de Puertos N° 24.093.
En este contexto, el Gobierno provincial solicitó a la Justicia Federal la declaración de inconstitucionalidad de la resolución, el cese inmediato de toda intervención nacional y la restitución plena del dominio, la administración y la percepción de recursos del puerto. También pidió el dictado de una medida cautelar para suspender los efectos de la intervención y evitar un daño irreparable a las finanzas provinciales.
Desde el Ejecutivo señalaron que la acción judicial trasciende el caso del Puerto de Ushuaia y busca sentar un precedente en defensa del sistema federal, reafirmando los derechos y competencias de las provincias frente al poder central.