El Gobierno promulgó parcialmente la ley que suspende ejecuciones contra jubilados policiales
El Gobierno provincial oficializó la promulgación parcial de la ley destinada a suspender las ejecuciones judiciales impulsadas por el Banco Tierra del Fuego (BTF) contra jubilados y pensionados policiales afectados por la demora en el pago de complementos previsionales.
La norma había sido aprobada por la Legislatura el pasado 30 de abril en medio de la crisis previsional que atraviesa el sector desde hace más de once meses.
El Ejecutivo respaldó el eje central de la iniciativa, que establece la suspensión por 180 días de los procesos judiciales de ejecución y prohíbe iniciar nuevas demandas contra retirados y pensionados de las fuerzas policiales del ex Territorio Nacional.
La medida apunta a aliviar la situación económica de los beneficiarios que vienen denunciando fuertes reducciones en sus ingresos debido a la falta de pago regular del complemento previsional a cargo del Estado provincial.
Según los fundamentos del proyecto impulsado por el bloque Provincia Grande, los jubilados afectados sufren recortes de entre el 22% y el 40% de sus haberes totales, comprometiendo el carácter alimentario de las prestaciones previsionales.
El texto aprobado por la Legislatura también cuestionaba una “conducta contradictoria” del Estado, al señalar que mientras se incumplía parcialmente con los pagos previsionales, el banco provincial avanzaba judicialmente para cobrar créditos otorgados a esos mismos jubilados.
En ese contexto, la ley dispuso una medida excepcional y transitoria para evitar embargos y ejecuciones compulsivas sobre los beneficiarios afectados.
Sin embargo, el Ejecutivo decidió vetar el artículo 7°, incorporado durante el debate legislativo, que eliminaba viáticos, gastos de representación y otras retribuciones adicionales para los integrantes del directorio de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora.
En los fundamentos del veto, el Gobierno argumentó que la eliminación de esos conceptos no tendría un impacto significativo sobre las finanzas del organismo y advirtió que podría afectar el funcionamiento institucional de la Caja.
El decreto sostuvo además que quitar esas retribuciones podría comprometer la capacidad operativa y de gestión del directorio en un contexto que requiere “mayores niveles de administración, fiscalización y ejecución de medidas de saneamiento institucional”.
Incluso, el Ejecutivo advirtió que la medida podía derivar en una “acefalía funcional” del órgano de conducción y agravar la crisis que atraviesa actualmente la Caja Previsional policial.