El Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Glaciares: qué cambios entraron en vigencia
La nueva normativa modifica el régimen de protección ambiental, amplía el rol de las provincias y habilita evaluaciones para actividades productivas en zonas antes restringidas.
El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares mediante su publicación en el Boletín Oficial, lo que puso en vigencia una serie de cambios en el esquema de protección de los cuerpos de hielo y el ambiente periglacial en Argentina.
La modificación, aprobada previamente por el Congreso, introduce un nuevo enfoque en la normativa ambiental con el objetivo de, según el oficialismo, promover inversiones y dar mayor previsibilidad a las actividades productivas en regiones cordilleranas.
Uno de los cambios centrales es la redefinición del alcance de la protección. A partir de ahora, no todos los glaciares quedan automáticamente resguardados, sino únicamente aquellos que cumplan una función hídrica relevante y comprobable. Esto implica un giro respecto al esquema anterior, que aplicaba un criterio más amplio y precautorio.
Además, la reforma otorga mayor protagonismo a las provincias, que pasan a tener más facultades para determinar qué áreas deben protegerse y en cuáles se pueden habilitar actividades económicas, como la minería u otros desarrollos productivos.
En esa línea, la nueva normativa establece un sistema basado en evaluaciones de impacto ambiental para autorizar proyectos en zonas cercanas a glaciares o en el ambiente periglacial, lo que antes estaba directamente restringido en muchos casos.
El cambio también redefine el concepto de ambiente periglacial, reduciendo en la práctica la extensión de las áreas protegidas, lo que abre la posibilidad de desarrollar actividades en regiones que anteriormente estaban alcanzadas por prohibiciones más estrictas.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca “clarificar” la aplicación de la ley y fortalecer el federalismo, permitiendo que cada provincia gestione sus recursos naturales con mayor autonomía.
Sin embargo, la modificación generó fuertes críticas de sectores ambientalistas y parte de la oposición, que advierten que los cambios implican un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua y podrían habilitar actividades con impacto ambiental en zonas sensibles.
La ley original, sancionada en 2010, establecía la protección de los glaciares como reservas de agua fundamentales y prohibía en esas áreas actividades como la minería o la liberación de contaminantes.