El Gobierno promulgará la ley de discapacidad, pero su implementación queda en pausa por falta de recursos
Aunque el Poder Ejecutivo confirmó que no vetará ni judicializará la ley de emergencia en discapacidad recientemente ratificada por el Congreso, su aplicación efectiva seguirá en suspenso hasta que se determine cómo financiarla. Así lo adelantó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien señaló que sin una asignación clara de partidas presupuestarias, la medida quedará sin reglamentar por el momento.
El funcionario fue contundente al hablar sobre los límites fiscales del Estado: “No se puede prometer algo sin decir de dónde saldrá el dinero. No me pueden trasladar a mí la responsabilidad de recortar otras áreas para cubrir este gasto. ¿A quién le sacamos fondos, a los jubilados?”.
La ley de emergencia en discapacidad contempla la creación de un sistema ampliado de Pensiones No Contributivas, que beneficiaría a quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresos inferiores a dos salarios mínimos, y no perciban otras ayudas similares. Además, se establece que estas pensiones serán compatibles con el empleo registrado, siempre que no se superen los topes establecidos. Los montos corresponderían al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la medida podría oscilar entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios, que se estima entre 493 mil y 946 mil personas. A esto se sumarían costos adicionales por la compensación a prestadores del sistema y el financiamiento de talleres de producción, lo que elevaría aún más la necesidad de recursos.
Francos remarcó que la intención del Gobierno es abrir el diálogo con especialistas, legisladores y el área correspondiente para buscar alternativas viables. “Me gustaría discutir esto con el ministro del área y con las comisiones del Congreso. Pero antes hay que evaluar cómo se han otorgado las pensiones vigentes”, afirmó.
Otro aspecto relevante de la normativa es la transformación automática de las pensiones no contributivas preexistentes, lo que evitaría que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales. Además, se prevé la creación de un régimen especial para regularizar deudas fiscales y previsionales de empresas y trabajadores vinculados al sector de la discapacidad.
Por ahora, la ley será promulgada de manera formal, pero su ejecución quedará en suspenso hasta tanto se resuelva el principal obstáculo: cómo financiarla sin comprometer otras áreas del presupuesto nacional.