El Ejecutivo prevé enviar el proyecto al Congreso en septiembre. La iniciativa contempla reforzar juzgados federales en zonas afectadas por el narcotráfico y reducir estructuras en tribunales que considera sobredimensionados.
El Gobierno de Javier Milei avanza en el diseño de una reforma integral de la Justicia federal que busca modificar la distribución de juzgados, cargos y recursos en distintas jurisdicciones del país.
El proyecto, que todavía se encuentra en elaboración, sería enviado al Congreso en septiembre y tendrá como uno de sus principales objetivos fortalecer los tribunales federales ubicados en zonas de frontera, especialmente aquellos que enfrentan causas vinculadas al narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales.
Al mismo tiempo, la iniciativa contempla una reducción de estructuras en algunos tribunales que el Ejecutivo considera sobredimensionados. Entre los principales cambios en estudio aparece Comodoro Py, donde el Gobierno analiza reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia.
Más recursos para los juzgados de frontera
La Casa Rosada sostiene que existe un desequilibrio en la distribución de recursos dentro de la Justicia federal. Mientras algunas jurisdicciones cuentan con estructuras que el Ejecutivo considera excesivas, otras zonas críticas presentan una elevada cantidad de vacantes y dificultades para atender el volumen de causas.
Uno de los ejemplos mencionados por el Ministerio de Justicia es el de Tartagal, en Salta, donde actualmente una jueza federal de La Pampa debe asumir tareas de subrogación.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuestionó en distintas oportunidades el nivel de vacantes existente en los tribunales federales del interior y particularmente en las zonas de frontera.
La intención oficial es trasladar parte de los recursos disponibles hacia juzgados de primera instancia ubicados en regiones consideradas estratégicas para combatir el crimen organizado.
Comodoro Py también estará en el centro de la reforma
Uno de los cambios de mayor impacto político sería la reducción de los juzgados federales de Comodoro Py.
Actualmente funcionan 12 juzgados federales de primera instancia en los tribunales de Retiro. El Gobierno estudia reducir esa cantidad a ocho, una modificación que requeriría la aprobación del Congreso.
También se encuentra bajo análisis la composición de la Cámara Federal de Casación Penal, que podría pasar de 13 a 9 jueces.
La revisión podría extenderse además a cargos vacantes en distintas cámaras y tribunales nacionales, entre ellos la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Casación Nacional y la Cámara del Crimen.
La estrategia oficial consiste en evitar cubrir automáticamente cargos que podrían desaparecer o transformarse como consecuencia de la reforma y, en cambio, utilizar esos recursos para reforzar otras áreas consideradas prioritarias.
El Gobierno ya envió 203 pliegos
La reorganización judicial se produce mientras el Ejecutivo avanza con la cobertura de vacantes.
Según informó el Gobierno, 203 pliegos judiciales ya fueron enviados al Senado, con prioridad en juzgados de primera instancia y cámaras que presentan mayores niveles de vacancia.
La intención es completar primero las estructuras consideradas esenciales para el funcionamiento cotidiano de la Justicia antes de avanzar con otros cargos de mayor jerarquía.
La Corte Suprema y la Procuración quedan fuera de la agenda inmediata
Por ahora, la Corte Suprema de Justicia no aparece entre las prioridades inmediatas del Gobierno.
Si bien el presidente Milei reconoció que analiza nombres para ocupar los dos lugares que permanecen vacantes en el máximo tribunal, el Ejecutivo no tendría previsto avanzar con nuevas postulaciones en el corto plazo.
Una situación similar se presenta con la Procuración General de la Nación, actualmente encabezada de manera interina por Eduardo Casal.
La definición de estos cargos requiere acuerdos políticos complejos en el Senado, por lo que el Gobierno priorizaría primero la cobertura de juzgados electorales y la reorganización de la Justicia federal.
La reforma se combinará con el sistema acusatorio
La reorganización también estará vinculada con la implementación del sistema acusatorio federal, que modifica la distribución de funciones entre jueces y fiscales y busca darle mayor protagonismo a las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público Fiscal.
El sistema ya comenzó a implementarse en distintos distritos y el cronograma oficial contempla nuevas etapas durante los próximos meses.
La estrategia del Gobierno apunta así a redistribuir recursos antes que aumentar de manera generalizada la estructura judicial.
El proyecto que llegue al Congreso deberá definir finalmente qué cámaras serán reducidas, qué juzgados recibirán nuevos recursos y cómo se transferirán los cargos y presupuestos.
Por ahora, la premisa oficial es clara: menos estructuras en tribunales considerados sobredimensionados y mayor capacidad de respuesta judicial en las fronteras y zonas afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.