El Gobierno prepara un amplio paquete de desregulación económica con cambios en múltiples sectores
El Gobierno nacional avanza con la versión final de un nuevo paquete de reformas impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca profundizar la reducción de regulaciones y modificar normas que alcanzan a distintos sectores de la economía.
El proyecto, que cuenta con 100 artículos distribuidos en ocho capítulos, se encuentra en las últimas etapas de revisión dentro de las áreas de Legal y Técnica de la Casa Rosada antes de ser enviado al Congreso.
La iniciativa contempla cambios en el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, normas vinculadas a la navegación y el cabotaje, el mercado de capitales, fideicomisos y garantías. Además, propone derogar distintas leyes relacionadas con los arrendamientos rurales, la actividad vitivinícola, los traductores públicos, el corretaje y la regulación del gas licuado de petróleo.
Desde el Ministerio de Desregulación sostienen que el objetivo central es eliminar trabas consideradas innecesarias, fomentar la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en diferentes mercados.
Un proyecto amplio que genera dudas entre aliados
El alcance de la iniciativa ya abrió interrogantes dentro de algunos sectores cercanos al oficialismo, como el PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales.
Desde esos espacios advierten que la amplitud del proyecto podría dificultar su tratamiento legislativo, debido a que reúne modificaciones sobre actividades muy diferentes dentro de un mismo expediente.
Los bloques aliados consideran que algunos legisladores podrían respaldar determinadas reformas, pero rechazar otras, lo que podría complicar la construcción de consensos necesarios para su aprobación.
Cambios en la industria editorial
Uno de los puntos incluidos en el proyecto plantea la derogación de las leyes de Fomento del Libro y de Defensa de la Actividad Librera, normas que actualmente establecen la obligación de fijar un Precio de Venta al Público para los libros.
La propuesta generó rechazo de la Cámara Argentina del Libro, que advirtió que la eliminación de la Ley 25.542 terminaría con el sistema de precio único, al que considera una herramienta clave para proteger a las librerías independientes y editoriales pequeñas frente a la concentración del mercado.
Desde la entidad señalaron que ese esquema permite sostener la diversidad editorial y garantizar el acceso a la lectura en distintas regiones del país.
El proyecto también propone eliminar la Ley 23.316, que establece el doblaje obligatorio al castellano neutro de producciones extranjeras emitidas por televisión.
Reformas en el mercado de medicamentos
Otro de los capítulos plantea modificaciones al régimen de farmacias mediante la derogación de la Ley 17.565, vigente desde 1967.
Entre los cambios previstos se encuentra la habilitación de la venta digital de medicamentos con receta, la entrega a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias tradicionales.
Además, la iniciativa permitiría que las droguerías puedan vender directamente al público si adoptan la figura de farmacia, flexibilizaría los horarios de atención y profundizaría la implementación de recetas y registros digitales.
Nuevo esquema para el gas licuado
El paquete también incluye una reforma del régimen del Gas Licuado de Petróleo (GLP), con una reducción del rol estatal en la regulación económica del sector.
La propuesta limita la intervención oficial a aspectos vinculados con la seguridad y el control técnico, eliminando facultades sobre precios, volúmenes, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales.
El nuevo esquema mantendría controles sobre la seguridad de los envases, la cadena de comercialización y la aplicación de sanciones ante incumplimientos.
Cambios para el agro y la industria vitivinícola
Dentro del capítulo productivo, el Gobierno propone modificar el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
La iniciativa establece que, desde octubre de 2027, el aporte obligatorio que realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado sería reemplazado por contribuciones voluntarias, donaciones y servicios de certificación.
La medida cuenta con el respaldo de sectores rurales que desde hace tiempo cuestionan el carácter obligatorio de esa contribución.
En el sector vitivinícola, el proyecto incorpora prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), simplifica controles, concentra la fiscalización en las etapas finales de la producción y establece nuevas sanciones calculadas en unidades UVAs.
Además, plantea la derogación de la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). En caso de aprobarse, la entidad deberá presentar un informe de cierre, rendir cuentas y avanzar con su liquidación, mientras que los fondos remanentes pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
La eliminación de la COVIAR cuenta con el apoyo de Bodegas Argentinas y coincide con iniciativas impulsadas previamente por legisladores del oficialismo y sectores aliados.
El proyecto también propone derogar la Ley 23.149 de envasado en origen, una normativa defendida históricamente por provincias productoras por su impacto en el agregado de valor local. En su reemplazo, se adoptarían criterios técnicos establecidos por la Organización Internacional de la Viña y el Vino.
De aprobarse en el Congreso, el paquete representaría una de las reformas regulatorias más amplias del Gobierno nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con impacto directo en sectores productivos, comerciales y de servicios.
