El Gobierno nacional prevé abrir en noviembre la inscripción a un nuevo régimen de retiros voluntarios para trabajadores civiles de planta permanente. Según informó Infobae, el decreto ya fue elaborado y su publicación se concretaría en los próximos días, como parte de la política de reducción del personal estatal.
La convocatoria alcanzaría a la administración pública nacional centralizada y a los organismos desconcentrados. De acuerdo con la información difundida, quedarían fuera los organismos descentralizados. La diferencia radica en que las dependencias desconcentradas forman parte de la administración central y no cuentan con personalidad jurídica propia.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado cuestionaron la iniciativa y anticiparon que promoverán que los empleados no se adhieran. “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se trata de despidos encubiertos”, expresó el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, en declaraciones a Infobae. También señaló que podrían debatirse medidas de fuerza si el programa avanza.
El esquema fue preparado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Las autoridades esperan superar las 1.000 adhesiones y contemplan condiciones diferentes según la edad y la situación previsional de cada trabajador.
La propuesta estaría orientada a tres grupos: quienes ya reúnen los requisitos para jubilarse, aquellos que alcanzaron la edad jubilatoria pero todavía necesitan completar aportes y los empleados más jóvenes que desean dejar la función pública. Los montos variarían entre esas categorías, aunque la información aportada no precisa cuánto cobraría cada una ni cuáles serían las condiciones definitivas.
“Se va a comunicar en breve para que los que estén interesados puedan ir asesorándose”, indicaron funcionarios nacionales consultados por Infobae. La existencia del proyecto había sido anticipada por la periodista Florencia Donovan, de La Nación.
Aguiar sostuvo, además, que la aplicación de estos mecanismos debe considerar las normas laborales y los convenios de cada sector. El dirigente mencionó antecedentes y propuestas en distintas dependencias, entre ellas el INTA, la ANSES, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, Parques Nacionales y el PAMI.
Uno de los antecedentes es el programa del INTA, que ofreció una compensación equivalente a un salario y medio por año de servicio, con límites según la edad. El organismo buscaba unas 1.200 desvinculaciones sobre una dotación inicial de 5.750 trabajadores. Tras extender el plazo de inscripción, reunió 905 adhesiones, de las cuales 377 ya habían sido aprobadas, mientras otros expedientes quedaron sujetos a evaluación del Consejo Directivo.
La nueva iniciativa se inscribe en un proceso de reducción del empleo público que, según las cifras oficiales citadas, dejó 74.332 trabajadores menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. En ese período, la dotación conjunta de la administración nacional y las empresas estatales pasó de 343.357 a 269.025 personas, una caída del 21,6%. El Ejecutivo atribuyó a esa disminución un ahorro superior a los 2.500 millones de dólares desde el inicio de la gestión.
Dentro de ese total, la administración pública nacional perdió 51.218 puestos y las empresas y sociedades estatales, otros 23.114. Entre los sectores administrativos, el mayor descenso proporcional se registró en la administración centralizada, cuya planta se redujo un 32,8%. La descentralizada, en cambio, acumuló la mayor baja en cantidad de trabajadores: 26.775.
Entre las entidades mencionadas, Télam, reconvertida en Agencia de Publicidad del Estado, pasó de 810 a 167 empleados, una reducción del 79,4%. También se registraron bajas en Educar, Contenidos Públicos y Casa de Moneda. Solo entre julio y agosto de 2026, la dotación estatal total disminuyó en 1.446 personas.